- Contará con 43 mil 363 mdp para impulsar acciones en favor de la diversidad sexual y de género
- También se conoció y del Primer Índice de Inclusión de Personas LGBTIQ+ del PNUD
La Comisión de Diversidad, que preside el diputado Jaime Genaro López Vela (Morena), presentó el Anexo 33 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio fiscal 2027, el cual, indicó el legislador, representa un avance significativo para atender las condiciones de exclusión, discriminación y violencia por prejuicio que ha enfrentado la población LGBTTTIQ+.
Durante la Presentación del Anexo 33 de Diversidad Sexual y de Género del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, y del Primer Índice de Inclusión de Personas LGBTIQ+ del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el diputado López Vela destacó que este instrumento es resultado de años de trabajo e incidencia de activistas y organizaciones que han aportado tiempo, recursos, experiencia y propuestas para generar alternativas de solución a las problemáticas de discriminación y exclusión.
Destacó la importancia de impulsar y fortalecer el diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para que los compromisos se conviertan en acciones concretas en materia de inclusión.
Subrayó que el Anexo 33 estará acompañado de instrumentos para avanzar en esta materia, y que el Índice de Inclusión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), brinda herramientas para evaluar y orientar las políticas públicas.
Informó que la Suprema Corte de Justicia se ha sumado a esta iniciativa mediante la creación del Diplomado en materia de Diversidad Sexual y de Género y Derechos Humanos, instrumento que, impulsado desde la Cámara de Diputados, busca proporcionar a la comunidad herramientas sólidas para fortalecer su participación y contribuir a cerrar las brechas de exclusión y discriminación que persisten en el país.
La diputada Laura Hernández García (MC) hizo un llamado a dar seguimiento y vigilar la correcta aplicación de los recursos contemplados en el Anexo 33, a fin de garantizar que sean destinados efectivamente a atender las necesidades de las poblaciones LGBTIQ+ y contribuir a reducir las brechas de desigualdad, discriminación y exclusión.
A su vez, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) destacó que los avances en el reconocimiento de los derechos de sectores históricamente discriminados son resultado de las luchas y movimientos sociales que han impulsado cambios en la Constitución y en las leyes. Afirmó que las y los representantes populares han contribuido a fortalecer esta agenda y se puede avanzar en la construcción de una sociedad con mayor igualdad.
Al participar, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, informó que el Anexo 33, “Diversidad Sexual y de Género”, contempla recursos por 43 mil 363 millones de pesos y permitirá identificar las acciones, bienes, servicios e intervenciones que realizan las instituciones públicas para atender las necesidades de las poblaciones LGBTTTIQ+.
Explicó que la construcción de este instrumento se vinculó con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030, el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2026-2030 y el Índice de Inclusión LGBTIQ+ México de Naciones Unidas. Se estructuró en 10 dimensiones, definidas con base en el análisis de las principales problemáticas, necesidades y demandas de esta población.
Primer Índice de Inclusión de Personas LGBTIQ+ del PNUD
Al presentar el Primer Índice de Inclusión de Personas LGBTIQ+ del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), Allegra María del Pilar Baiocchi, coordinadora residente de la ONU en México, indicó que contribuirá a identificar brechas en educación, seguridad, empleo, acceso a servicios y protección frente a la violencia y la discriminación, así como orientar políticas públicas y la asignación presupuestal. Llamó a las y los legisladores a ejercer el control político necesario para verificar su aplicación y evaluar los resultados.
La Oficial Nacional de Género del PNUD, María del Sol Sánchez Rabanal, destacó que el Índice de Inclusión LGBTIQ+ permite identificar las brechas entre el reconocimiento formal de derechos y las condiciones de vida que tienen las personas de esta población, y orientar políticas públicas, fortalecer los sistemas estadísticos y mejorar las decisiones de inversión. Planteó que los resultados del estudio permitan consolidar el Anexo 33.
Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México, reconoció que es un avance histórico la incorporación de recursos presupuestarios para atender a la población de la diversidad sexual y de género, así como la creación del primer Índice de Inclusión LGBTIQ+. Consideró que ambos instrumentos son fundamentales para garantizar los derechos humanos y la igualdad. Pidió transformar los datos en decisiones, identificar brechas y diseñar políticas públicas más eficaces.
José Hernández Hernández, secretario de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el Anexo 33 es resultado de una lucha de décadas y se pronunció a favor de mecanismos, como el Foro de Igualdad Diversidad Sexual, de Género y de Derechos Humanos, para difundir a todos los ámbitos estos temas y focalizarlos en la población objetivo, bajo el principio de la no discriminación y del respeto a la dignidad de las personas como derechos fundamentales.
Manuel Antonio Vázquez Valdés, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Secretaría de Gobernación, sostuvo que la incorporación de este anexo coloca en la discusión presupuestaria una demanda largamente sostenida, de que las necesidades de esta población tengan una expresión concreta en las prioridades públicas.
Rodrigo Moheno, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C., indicó que incluir este anexo, con más de 43 mil millones de pesos para 47 dependencias y organismos, 39 programas presupuestarios y 65 acciones transversales permitirá reparar injusticias, sanar y prevenir daños; cerrar brechas de desigualdad, que el sistema de justicia funcione, y haya oportunidades para el desarrollo en condiciones de igualdad.
