- Mediante una iniciativa de reformas a la Ley de Salud local; plantea plazos para canalizar la solicitud y emitir la valoración clínica
Para que ninguna persona tenga que pagar una consulta privada para confirmar un diagnóstico grave o acerca de un tratamiento de alto riesgo que se le haya informado en clínicas u hospitales públicos, el diputado Ricardo Rubio Torres planteó garantizar el derecho a una segunda opinión médica dentro del propio sistema de salud.
Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud capitalina, con la finalidad de establecer los mecanismos institucionales que hagan efectivo ese derecho.
Detalló que su propuesta también fija plazos concretos dentro del sector de salud público para recibir una segunda opinión médica: un máximo de tres días hábiles para canalizar la solicitud del paciente y diez días hábiles para emitir la valoración clínica.
El congresista explicó que la iniciativa se sustenta en tres principios: seguridad, para prevenir riesgos médicos y contrastar diagnósticos; autonomía, para que los pacientes decidan sobre sus tratamientos con información suficiente y no sólo con un diagnóstico, e igualdad, para que todas las personas accedan a una segunda valoración sin importar sus ingresos.
“La salud no debe depender de la capacidad económica de alguna persona o de las familias. Ninguna persona debe verse obligada a pagar una consulta privada para confirmar un diagnóstico grave o un tratamiento de alto riesgo”, puntualizó.
Para respaldar su propuesta, citó que en el año 2024 se registraron en México 67 mil 726 eventos adversos de salud, de los cuales 42 mil 500 ocasionaron daños leves o moderados; mil 697 fueron “eventos centinela”, que se refieren a un suceso imprevisto y grave relacionado con la atención médica que provoca la muerte o lesión, y 405 correspondieron a fallecimientos.
El panista añadió que 85.3 por ciento de esos eventos se estimó potencialmente evitable, de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2025-2030, y que sólo 57 por ciento de los mexicanos manifestó satisfacción con la atención médica, frente al promedio de 67 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Rubio Torres indicó su intención de fortalecer la calidad, seguridad y confianza en el sistema público de salud a través de mecanismos claros, verificables y accesibles de forma universal para las y los pacientes. “Una segunda opinión médica no es un lujo ni es un privilegio, y en ocasiones con ello va la vida misma de por medio”.
Al concluir su intervención, la Mesa Directiva informó que la iniciativa de reformas a la Ley de Salud de la Ciudad de México sería turnada a la Comisión de Salud, para que sea analizada y, en su caso, dictaminada.