- Especialistas se reúnen con la Comisión de Justicia para revisar la entrada en vigor del ordenamiento.
La Comisión de Justicia, que preside el senador Javier Corral Jurado, realizó una mesa de análisis sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la propuesta para aplazar su entrada en vigor del 1 de abril de 2027 al 1 de julio de 2031, como lo plantea la minuta que envió al Senado la Cámara de Diputados.
Corral Jurado manifestó su desacuerdo frente a ese plazo tan amplio y confió en que pueda encontrarse una fórmula drástica en los transitorios de la minuta, para comprometer a las entidades federativas en temas de capacitación, infraestructura y presupuesto, porque abrir ese tiempo, estimó, incentivará a destinar menos recursos.
Además, consideró relevante conocer las opiniones de expertos, porque existe un déficit de personas juzgadoras, ya que la reforma judicial renovó a la mitad y se perdió capital humano; por ello, “en un primer momento se planteó la entrada en vigor del Código en 2028 o 2029, después de la elección judicial del 2027, pero la Cámara de Diputados propone en la minuta que sea hasta 2031”, comentó.
En la mesa de análisis “La justicia civil y familiar ante el desafío de la implementación. Capacidades institucionales, acceso a la justicia e inclusión”, el senador agregó que el objetivo de este encuentro es escuchar los argumentos en torno a la aplicación del ordenamiento para las personas con discapacidad. “Este diálogo está centrado en sus derechos y en las asociaciones que les brindan defensa”, apuntó.
La senadora de MC, Alejandra Barrales Magdaleno, dijo que 70 por ciento de quienes esperan justicia en el país son de asuntos civiles o familiares y que hay casi dos millones de casos que esperan lo qué suceda con el Código Nacional. “Nosotros acompañamos este diálogo y el acercamiento, porque nos preocupa que se afecte a las personas con discapacidad”.
A través de un video, el senador Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, aseguró que un punto importante para la implementación es lograr la capacidad institucional. Asimismo, propuso tomar en cuenta en este tema la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, indicó que se tiene un Código Nacional aprobado por el Congreso, pero preocupa la reforma al régimen transitorio que pretende prorrogar su entrada en vigor. Por ello, para el caso de las personas con discapacidad, propuso que la aplicación de ordenamiento no sea hasta 2031, sino el 1 de abril de 2027.
El titular de la Notaría 68, Ricardo Gutiérrez Pérez, coincidió que aun si la entrada en vigor se aplaza a 2031, el planteamiento es que para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se contemple una fecha máxima de implementación en 2027, es decir, que se haga una excepción en esta materia.
La investigadora en justicia digital del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Patricia Villa Berger, señaló que el Código exige capacidades que los poderes judiciales no tienen y que no han adquirido; además, ningún congreso, ni el federal ni los estatales han aprobado partidas presupuestales para que adquieran dichas habilidades.
La experta independiente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, Amalia Gamio, reconoció que el nuevo ordenamiento respeta la autonomía y dignidad de personas con discapacidad, por lo que pidió no prolongar su entrada en vigor en lo relativo al apoyo y salvaguarda de derechos de esta población.
A su vez, la especialista en derechos de las personas con discapacidad, María Fernanda Pinkus Aguilar, estimó que esta implementación supone un desafío institucional que puede requerir una ampliación de plazos, pero es posible su ejecución escalonada para dar certeza jurídica a todas las personas.
La consultora independiente sobre derecho constitucional, Paula Ximena Méndez Azuela, afirmó que hay un vacío jurídico en el que hoy se encuentran miles de personas en México, y si bien la ejecución de la norma es un enorme reto y los tribunales requieren condiciones reales para aplicarlo, hay que preguntarse quién paga el costo de la espera.
Sabela Patricia Asiain Hernández, quien formó parte del Grupo Técnico revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Senado de la República, puntualizó que dicho ordenamiento es el camino y el cómo sí avanzar en materia de derechos de las personas con discapacidad. “Se puede generar una respuesta legislativa para que de manera inmediata se salde la deuda con el ejercicio de sus derechos”, añadió.
