• El senador Ángel García Yáñez señala fallas estructurales en atención médica para niñas, niños y adolescentes.
• Advierte que el Estado no puede permitir riesgos innecesarios ante carencias en hospitales.
El Estado mexicano tiene la obligación de brindar protección real y prioritaria a niñas, niños y adolescentes, sobre todo en un contexto de graves carencias en atención, personal e insumos dentro del sistema de salud, afirmó el senador Ángel García Yáñez, del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la Comisión Permanente.
El legislador señaló que, en diversos hospitales del país, incluido el estado de Morelos, menores de edad enfrentan consultas pospuestas, ausencia de especialistas y escasez de insumos básicos. Esta situación vulnera su derecho a la salud, aclaró.
Subrayó que el interés superior de la niñez no admite aplicación selectiva. Ante las deficiencias del sistema de salud, el Estado tiene la obligación de actuar con mayor firmeza para evitar riesgos innecesarios contra la integridad física y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. “El Estado no puede fallar en la garantía de atención médica digna ni permitir vacíos en la protección de la salud de la niñez”, sostuvo.
El priista indicó que la protección a la infancia implica reconocimiento de errores, corrección de omisiones y prioridad a la vida y la salud de los menores en todas las decisiones públicas. “Cuidar a la niñez no constituye una postura política, representa una obligación constitucional y moral”, enfatizó.
En otro tema, el senador expresó su respaldo a la llamada “Ley Silla”. Señaló que la norma no representa un exceso, sino una medida básica de dignidad laboral. Explicó que las jornadas completas de pie generan fatiga crónica, problemas de circulación y lesiones musculares permanentes.
Añadió que el reconocimiento de este derecho requiere inspecciones constantes, difusión adecuada y cambios culturales en los centros de trabajo. El objetivo consiste en evitar que la norma quede sin aplicación real. También destacó que condiciones laborales dignas reducen incapacidades, disminuyen la rotación de personal y mejoran el ambiente laboral.
Finalmente, reiteró apoyo para el cumplimiento efectivo de esta legislación en todo el país. “No pedimos privilegios, exigimos respeto al cuerpo, a la salud y al derecho a un trabajo digno”, concluyó.
