Cada vez que una investigación alcanza a Alejandro Moreno o a su entorno, intenta presentarse como perseguido político. Es una vieja práctica del régimen de privilegios: confundir la rendición de cuentas con venganza y disfrazar la impunidad de defensa democrática.
No está defendiendo la libertad; está defendiendo el privilegio de no rendir cuentas.
La hipocresía queda todavía más expuesta cuando Alejandro Moreno acude a pedir que un gobierno extranjero actúe contra consejeras y consejeros del INE. Un demócrata impugna las decisiones con las que no está de acuerdo; un dirigente sin autoridad moral busca fuera del país la fuerza que ya no encuentra entre quienes dice representar.
México no es colonia ni protectorado de ninguna potencia. La legitimidad la otorga el pueblo, no las instancias extranjeras.
Su entreguismo termina por exhibir lo que él y su partido siempre representaron: nunca defendieron el interés de México, sino el régimen de corrupción y privilegios del que se beneficiaron. No buscan justicia fuera del país; buscan protección para conservar los privilegios que el pueblo ya no está dispuesto a tolerar.
Una carta entregada fuera del país no convierte sus acusaciones en verdad. La multiplicación de viajes, denuncias y amenazas revela el nerviosismo de quien sabe que las investigaciones avanzan, que el fuero tarde o temprano termina y que deberá responder ante la justicia.
También es facciosa la interpretación que pretende hacer del artículo 61 constitucional. Esa disposición protege la libertad de las y los legisladores para ejercer su función parlamentaria; no convierte las cuentas del PRI en una extensión de la tribuna ni ampara la imputación de delitos sin sustento.
El artículo 61 protege el debate parlamentario, no la mentira. La Constitución es un escudo para las libertades, no un escondite para la impunidad.
Alejandro Moreno también omite que las disposiciones sobre calumnia electoral que ahora denuncia como “censura” surgieron de la reforma de 2014, impulsada y aprobada por el propio PRI. Cuando esas reglas se aplicaban contra sus adversarios las llamaban legalidad; ahora, cuando alcanzan a su dirigencia las califican de dictadura.
Esa es la verdadera contradicción: diseñaron las reglas para controlar a los demás y ahora pretenden desconocerlas para protegerse a sí mismos. No les molesta la ley; les molesta que la ley también se les aplique.
El fuero protege una función, no a una persona. No borra expedientes, no detiene investigaciones ni vuelve intocable a nadie. En la transformación de la vida pública no habrá culpables fabricados, pero tampoco inocentes decretados desde una dirigencia partidista. Quien tenga responsabilidades deberá responder, sin importar su apellido, su cargo o sus vínculos.
El pueblo de México ya conoció al PRI, padeció sus abusos y juzgó su historia en las urnas. Le retiró su confianza porque se cansó de la corrupción, de los privilegios y de quienes confundieron el poder público con patrimonio personal.
El pueblo ya emitió su sentencia política: les quitó el poder y les retiró su respaldo. Eso no es venganza; es democracia. Y contra la voluntad soberana del pueblo no hay fuero, propaganda ni denuncia en el extranjero que valga.