Javier Divany Bárcenas
La nueva justicia mexicana recién reformada ya tomó como víctima a un ciudadano uruguayo, Diego Daniel Szwarc, radicado en México, quien solicitó el respaldo de diputados federales, luego de señalarles que ha tenido que solicitar un amparo y denunciar que enfrenta un juicio por una pensión alimentaria “impagable”, que lo mantiene separado de sus hijos.
Daniel Szwarc, fue recibido en San Lázaro por el diputado José Narro, del partido Morena, quien tomó conocimiento de lo que sucede y a quien explicó que el caso ha escalado al ámbito constitucional donde obtuvo una resolución favorable en el amparo indirecto 1232/2024, donde la justicia federal le concedió protección.
Sin embargo, esa sentencia fue revocada tras la tramitación del amparo en revisión 134/2025, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que ordenó reponer el procedimiento y dejó sin efectos la protección previamente otorgada.
El elemento más controvertido radica en la forma en que se promovió dicho recurso, pues de acuerdo con su defensa, Szwarc no interpuso la revisión; ésta habría sido presentada por la contraparte indebidamente a su nombre, lo que podría constituir un fraude procesal. A pesar de ello, el órgano colegiado resolvió el fondo del asunto sin pronunciarse sobre esa presunta irregularidad.
La decisión fue aprobada por mayoría del magistrado José Isabel González Nava y la secretaria en funciones de magistrada Wendy Reyes Jiménez, con voto en contra del magistrado presidente Alberto Roldán Olvera, lo que evidenció división en el criterio del tribunal.
Además, el expediente revela inconsistencias procesales relevantes, entre ellas, irregularidades en la firma electrónica de actuaciones clave dentro del juicio de amparo, lo que generó incertidumbre jurídica y llevó al propio tribunal a ordenar la reposición del procedimiento.
En su llamado al Poder Legislativo, Szwarc, hace del conocimiento del problema que asegura no es aislado, pues la imposición de pensiones sin un análisis adecuado de la capacidad económica real, situación que afecta a múltiples familias en México.
En el contexto de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, el caso se ha convertido en un ejemplo de las fallas que distintos sectores atribuyen a la impartición de justicia, particularmente en materia familiar, donde la consistencia de las resoluciones y la objetividad de los juzgadores siguen siendo cuestionadas.
Por tratarse de un ciudadano extranjero, el asunto podría trascender el ámbito interno y escalar a un plano diplomático entre México y Uruguay, mientras se define el alcance de la intervención de la Suprema Corte.