- El Observatorio afirmó que desde una perspectiva de integridad electoral, cualquier reforma de esta magnitud debe construirse bajo principios de certeza, independencia, imparcialidad y legalidad.
- El OPINE considera que una reforma de esta naturaleza no debe resolverse en fast track ni mediante procesos legislativos atropellados.
El Observatorio Permanente de Integridad Electoral advierte que la propuesta de reforma presentada por la presidenta de la República, representa una respuesta insuficiente que evade la discusión de fondo sobre la viabilidad, organización y alcances reales de la reforma judicial.
Tras revisar y analizar la información presentada por la titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa -y a reserva de conocer la redacción final de la iniciativa- el OPINE señala que aplazar la elección de 2027 al primer domingo de junio de 2028, y hacer los procesos posteriores concurrentes con los comicios políticos de 2030, 2033 y 2036, es una medida cosmética que no resuelve el problema estructural del sistema de justicia.
“Si bien el diagnóstico sobre la inconveniencia de realizar elecciones concurrentes en 2027 resulta pertinente, modificar únicamente la fecha de ese proceso no garantiza mejores condiciones de organización, independencia ni legitimidad para los comicios judiciales futuros”, expuso el Observatorio.
Desde una perspectiva de integridad electoral, cualquier reforma de esta magnitud debe construirse bajo principios de certeza, independencia, imparcialidad y legalidad. La certeza exige reglas claras y previsibles para todas las etapas del proceso; la independencia requiere instituciones y órganos libres de presiones políticas; la imparcialidad demanda condiciones equitativas entre las candidaturas; y la legalidad obliga a que las modificaciones se desarrollen mediante procedimientos deliberativos, abiertos y técnicamente sustentados.
En ese sentido, el OPINE considera que una reforma de esta naturaleza no debe resolverse en fast track ni mediante procesos legislativos atropellados. La experiencia reciente demuestra que los vacíos normativos y los errores de diseño suelen evidenciarse hasta la etapa de implementación.
Por ello, si existe disposición para construir una mayoría calificada en torno a estos cambios, resulta indispensable que la discusión se realice con seriedad, visión a largo plazo y un análisis integral que atienda de una vez los problemas estructurales del modelo electoral judicial, en lugar de únicamente postergar sus efectos hacia 2030.
Bajo este panorama, el Observatorio integrado por las organizaciones Práctica: Laboratorio para la Democracia, Laboratorio Electoral, México Evalúa y DiSentir reiteró su compromiso para dar seguimiento y observar de cerca el trabajo legislativo que se realice respecto a la discusión de la iniciativa de reforma constitucional.
Además, el OPINE presentará un análisis bajo la visión de integridad electoral de los procesos legislativos de las distintas reformas electorales que se han impulsado recientemente, con el objetivo de documentar patrones de aprobación acelerada, deficiencias en la deliberación pública y riesgos institucionales que han afectado la calidad democrática y la implementación efectiva de las reformas.