- _ Propone avanzar en reformas constitucionales y legales para que la SCJN, el TEPJF, el TDJ y el OAJ cuenten con mayores facultades para ejercer y administrar directamente sus recursos_
- _ Se necesita distribuir con mayor claridad las responsabilidades administrativas dentro del Poder Judicial, sin incrementar su presupuesto y manteniendo mecanismos de coordinación, transparencia y rendición de cuentas_
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, ha planteado la necesidad de avanzar en una nueva etapa de fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, la cual permita dotar de mayor autonomía presupuestaria y administrativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y al propio Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Actualmente, la Constitución establece que la administración del Poder Judicial de la Federación corresponde al Órgano de Administración Judicial. El artículo 100 constitucional textualmente señala que: “El órgano de administración judicial elaborará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación.
Los presupuestos serán remitidos por dicho órgano para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”
Por su parte, la Ley Orgánica desarrolla este modelo de administración presupuestal y concentra en el OAJ importantes facultades relacionadas con la aprobación, administración y ejercicio de los recursos.
Ramírez Cuéllar señaló que la experiencia acumulada durante la implementación del nuevo modelo del Poder Judicial ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar ajustes institucionales y establecer reglas más claras sobre las atribuciones y responsabilidades de cada uno de sus órganos, particularmente en materia administrativa y presupuestaria, con el propósito de mejorar la coordinación y garantizar un funcionamiento más eficiente del sistema judicial.
“La Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina deben contar con capacidad suficiente para administrar los recursos que les correspondan, realizar sus contrataciones y atender sus necesidades operativas, siempre bajo reglas estrictas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo.
El legislador señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 muestra con claridad la necesidad de revisar este esquema. El Ramo 03 contempla en conjunto 72 mil 264.7 millones de pesos para el Poder Judicial.
De acuerdo con el proyecto, se contemplan alrededor de 5 mil 208.64 millones de pesos para la SCJN; 3 mil 749.49.7 millones para justicia electoral, distribuidos entre la Sala Superior y las Salas regionales del TEPJF; y mil 856.58 millones para el Tribunal de Disciplina Judicial. El punto central, explicó, es que “no se trata solamente de saber cuánto corresponde a cada institución, sino establecer con claridad quién administra, contrata y ejerce esos recursos”.
En ese sentido, Ramírez Cuéllar planteó la necesidad de realizar reformas legales para especificar que “Si bien es cierto que corresponde al OAJ la integración del presupuesto del Poder Judicial en su conjunto, es necesario dejar en claro que la elaboración y ejercicio del presupuesto de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, le corresponde a cada uno de ellos, considerando que dichos órganos son los que conocen los requerimientos administrativos para el adecuado ejercicio de sus funciones”. Inclusive, señaló que “sería preciso conformar una Junta de Gobierno de Órganos Judiciales como instancia de coordinación para integrar conjuntamente el proyecto de presupuesto del Poder Judicial y para deliberar sobre asuntos comunes”.
El legislador agregó que no se trata de crear más burocracia ni de aumentar el gasto, sino de establecer responsabilidades claras para cada órgano y hacer más eficiente el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto: “Es posible aprovechar las estructuras y el personal que actualmente integra las unidades administrativas existentes, evitando duplicidades y nuevas plazas, y estableciendo mecanismos de coordinación para infraestructura, tecnologías y servicios que resulte conveniente mantener de manera compartida”.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el perfeccionamiento del nuevo Poder Judicial exige encontrar un equilibrio entre autonomía, coordinación institucional, eficiencia administrativa y responsabilidad en el ejercicio del gasto público.
“La reforma judicial abrió una nueva etapa. Ahora debemos seguir evaluando su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios para que cada órgano pueda cumplir plenamente con las responsabilidades que la Constitución le encomienda”, concluyó.