- Reforma permitiría a la Presidenta promover su permanencia con financiamiento público rumbo a 2027
- Consulta costaría 2 mil millones de pesos mientras persisten carencias en salud, carreteras y escuelas
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado rechazó la reforma sobre revocación de mandato y organización del Estado al advertir la creación de ventajas electorales para el gobierno, la concentración de decisiones en el Ejecutivo y un costo cercano a 2 mil millones de pesos, recursos necesarios en salud, infraestructura y educación.
Durante la reunión de comisiones unidas, la senadora Carolina Viggiano Austria afirmó que la propuesta no fortalece la democracia, sino que permite a la titular del Ejecutivo federal promover su permanencia con recursos públicos rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Señaló que el dictamen autoriza a la persona sujeta a revocación la difusión del proceso y el llamado al voto a su favor, mientras establece restricciones a la promoción de quienes impulsen la consulta.
Explicó que esta disposición genera una contienda desigual, debido a la existencia de la conferencia mañanera diaria, las giras oficiales y la presencia nacional financiada con recursos públicos, sin un mecanismo equivalente para la ciudadanía. Añadió que una consulta bajo esas condiciones se convierte en propaganda institucional y no en un ejercicio democrático.
La legisladora también cuestionó el costo estimado del proceso, cercano a 2 mil millones de pesos, y señaló la posibilidad de destinar esos recursos a hospitales, escuelas, carreteras o programas sociales. Indicó que la reforma sólo modifica 191 regidurías de cerca de 17 mil existentes, dato que confirma el uso de los cambios municipales como distractor para justificar la modificación constitucional.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya Mota advirtió que el dictamen vulnera el federalismo y la división de poderes, debido a la imposición de ajustes presupuestales y administrativos a estados, municipios y órganos legislativos desde la federación. Sostuvo que la reforma invade atribuciones locales y contradice el principio constitucional que obliga a las personas servidoras públicas a actuar con imparcialidad en los procesos electorales.
Las y los senadores del PRI votaron en contra al considerar que la iniciativa implica centralización del poder, ruptura de la equidad democrática y uso político de la figura de revocación de mandato, en lugar de atención a las necesidades reales del país.