Hoy, desde la JUFED, hacemos un llamado urgente y reflexivo a la ciudadanía para que mantenga una mirada crítica frente a la narrativa del oficialismo sobre una supuesta “democratización” del Poder Judicial. La denominada elección judicial representa, en realidad, una estrategia de Morena y algunos otros partidos que, lejos de fortalecer un Poder Judicial autónomo, busca debilitar los principios que lo sustentan para poner sus decisiones al servicio de los intereses del gobierno en turno y su mayoría en el Congreso.Ciudadanas y ciudadanos, no estarán votando por personas formadas por la experiencia de los años y rigurosos esquemas de selección y evaluación, sino por personas preseleccionadas -como lo demuestran los ya denunciados “acordeones”- y apoyadas por Morena, el gobierno y el crimen organizado, como lo ha reconocido el Senado, la Presidenta, organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.
Eso se llama defraudar la voluntad popular; cometer fraude a los principios democráticos que nos han unido como Nación, mentir para instaurar un régimen sin contrapesos, como ha sido el caso de la desaparición de los organismos autónomos.
Lo que se pone en riesgo son los derechos humanos de las personas, de las minorías, de los grupos vulnerables y la independencia para resolver
con justicia y equilibrio los actos y abusos cometidos, también, contra los agentes productivos nacionales e internacionales que participan en el crecimiento económico del país. El Estado de Derecho será una ficción.
¿Puede ser juzgador alguien que no tenga la preparación de años de estudio y evaluación constante? ¿Los mexicanos y sus familias, las empresas, todos, estarán aceptando ser juzgados por quien ha hecho una campaña de unos cuantos días, sin haber cumplido con los serios requisitos de una carrera judicial o por quien es impulsado por las lealtades de un partido político?
Esto constituye sin duda una reflexión profunda, porque lo que viene de frente es la pérdida de los derechos a una defensa efectiva. No por nada la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Eurodiputados, en su momento, el propio gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones latinoamericanas de juzgadores, han advertido al pueblo de México el ominoso futuro que nos espera si se realiza una elección de esta naturaleza.
No hemos exagerado al exigir su cancelación, pues advertimos que estamos ante un golpe de Estado técnico. La propia Corte Interamericana ha sostenido, en su jurisprudencia, que cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo se coordinan para reducir o eliminar la independencia del Poder Judicial, se configura una ruptura del orden constitucional. Esta forma de intervención, sutil pero profundamente regresiva, ha sido reconocida como un golpe de Estado en su modalidad técnica, al desarticular el equilibrio de poderes y suplantar la función judicial por lealtades políticas. La historia y el derecho internacional nos obligan a nombrar con claridad lo que estamos viviendo.
Esto es lo que el gobierno busca validar con el voto el próximo primero de junio. Dependerá de los mexicanos asumir la responsabilidad de construir el futuro que quieren para sus hijos y las futuras generaciones.
Como advirtió Alexis de Tocqueville, la democracia corre el riesgo de autodestruirse. La historia nos recuerda que la decisión colectiva tiene consecuencias profundas sobre las instituciones que nos protegen.
En ningún momento los juzgadores federales nos negamos a participar en un proceso de reforma al Poder Judicial. Al contrario, se expresó de manera clara la disposición de colaborar en el fortalecimiento institucional del sistema de justicia. Sin embargo, reforma no es sinónimo de demolición, como quedó claro en la farsa del parlamento abierto.
Por ello, nunca aceptamos ser parte de una reforma que tiene por objeto destruir el equilibrio de poderes socavando la integridad de la democracia mexicana. Siempre estuvo en la mente del expresidente López Obrador la intención de someter con el pie a los juzgadores que tuvieran el valor de hacer prevalecer el derecho por encima del poder. Esa pretensión autoritaria, impropia de un régimen democrático, es algo que ni el propio Juárez, defensor de las instituciones y del Estado laico, hubiera tolerado.
En palabras del propio Juárez, “Nada hay más alto que el respeto a la ley y la obediencia a la justicia”. Esta máxima sigue siendo vigente y adquiere nueva fuerza frente al intento de desvirtuar la función jurisdiccional como contrapeso. Juárez, quien supo defender con firmeza la legalidad frente a los abusos del poder, entendía que sin jueces independientes no hay nación que pueda llamarse democrática.
La actual titular del Ejecutivo, en lugar de asumirse autónoma, decidió pagar la lealtad al anterior gobierno y su arribo al poder, en lugar de hacer
de México un país más democrático. Y pisó más fuerte a quienes defienden la ley y la Constitución.
Se miente a la población cuando se dice que la presidenta de la República renunciará a designar ministros, porque la designación siempre ha recaído en los ciudadanos a través de sus representantes: los senadores de la República.
Agradecemos profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad académica, y a las ciudadanas y ciudadanos que, en el ejercicio pleno de sus derechos, se manifestarán el día de la ominosa elección en defensa del Poder Judicial y del futuro de la justicia en México. Esa presencia es un acto de valentía cívica y un testimonio de que el país no se rinde ante el autoritarismo y que así lo escuchen las naciones hermanas.
Por supuesto que la JUFED estará presente, como lo ha estado siempre, en esta y otras manifestaciones pacíficas que tendrán lugar en las sedes judiciales de todo el país. Defender la justicia es defender a México.
El primero de junio será una simulación, porque ningún juzgador puede reunirse en asambleas con el pueblo, porque estará cometiendo un delito sancionado por la ley. En realidad ese día se elegirá entre democracia y sometimiento.
La JUFED continuará ejerciendo su responsabilidad histórica y constitucional por todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales, para salvaguardar la independencia judicial. No renunciaremos a nuestra vocación ni a nuestro deber de defender el orden constitucional.
sábado, agosto 01, 2026
