Hoy, se cumple un año desde que miles de personas juzgadoras y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación tomaron una valiente posición de resistencia con paros nacionales. Fue una respuesta firme contra aquella reforma judicial que, mediante actos de compra de votos en el Congreso y prácticas autoritarias del pasado, disolvió al Poder Judicial; purgó a quienes, en ejercicio de su función y mandato constitucional, defendieron el interés popular; y violó tratados internacionales vitales.Fue una lucha profundamente digna, nacida del corazón mismo del pueblo de México, que se negó a ser silenciado y despojado de su más valiosa protección: una justicia independiente, capaz de frenar los abusos del poder. Fue un grito colectivo por la dignidad, por la verdad y por los derechos humanos que no pueden ser moneda de cambio.
Que permanezca viva en la memoria colectiva: no se trató de defender privilegios, sino de proteger al pueblo, contrario a la narrativa oficial desproporcionalmente difundida.
Hoy, JUFED conmemora la memoria de aquella lucha, pero sobre todo reafirma su compromiso por seguir en defensa de la justicia y la integridad institucional. El reconocimiento va, sin duda, a quienes arriesgaron seguridad laboral y profesional defendiendo los cimientos del Estado de derecho: honor, admiración y solidaridad para cada persona juzgadora y trabajadora que, impulsada por principios, alzó su voz en ese momento crítico.
JUFED deja en claro sus líneas de acción:
1) No busca cuotas, sino límites y responsabilidades frente a la ciudadanía. No nos conformamos con distribuciones complacientes de poder, exigimos una judicatura transparente, responsable y sujeta al escrutinio público.
2) JUFED se niega a legitimar procesos que convierten la toga en botín político. Las y los ciudadanos deben saber que la función judicial no puede estar al servicio de clientelas o intereses partidarios, sino defender la justicia, no servirse del poder.
3) JUFED dice NO a cualquier intento de subordinar la judicatura a lealtades ajenas a la Constitución. Desde ahora, nos declaramos en defensa activa del mérito y de la independencia judicial como principios no negociables. Por ello, documentaremos y denunciaremos toda presión ilegítima o indebida contra personas juzgadoras.
Coadyuvaremos en la impugnación hecha pública por cualquier persona juzgadora que tenga como fin vulnerar la independencia. Acompañaremos a quienes se nieguen a obedecer órdenes
manifiestamente ilegítimas o ilícitas, garantizando respaldo institucional a su actuar conforme a derecho.
4) A quienes lucharon en esos días —y a quienes continúan haciéndolo— nuestra gratitud y convicción compartida: la justicia es un bien colectivo que exige vigilancia.
Más que nunca, hoy es imperativo que la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas monitoreen la conducta de quienes ostentan el poder de impartir justicia.´
