- La resolución concede un blindaje temporal al gobernador, pero no determina la inexistencia de las acusaciones en su contra.
- La estabilidad institucional de Nuevo León no depende de una sola persona, sino del funcionamiento de sus instituciones.
- Exigimos que el juicio político continúe y que el fondo del asunto se resuelva con prontitud para evitar la impunidad.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que la suspensión provisional concedida por la ministra Estela Ríos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, no representa una absolución ni desvirtúa las acusaciones que enfrenta por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Recordó que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició un procedimiento de juicio político por presuntos actos de corrupción y triangulación de recursos públicos, relacionados con la asignación de alrededor de mil millones de pesos a empresas vinculadas con el entorno personal del mandatario estatal.
El legislador señaló que la resolución de la Suprema Corte únicamente impide, de manera provisional, que puedan ejecutarse los efectos de una eventual destitución o inhabilitación, pero no declara ilegal el procedimiento del Congreso, no invalida las acusaciones y, mucho menos, exonera al gobernador.
“La suspensión le otorga un blindaje político temporal frente a las consecuencias del juicio político, pero no resuelve el fondo del asunto. Samuel García no ha ganado la razón jurídica; únicamente ha ganado tiempo”, sostuvo.
Ramírez Cuéllar cuestionó el argumento de que la suspensión sea necesaria para preservar la gobernabilidad de Nuevo León. Afirmó que dicha postura desconoce la fortaleza institucional del estado y transmite un mensaje equivocado sobre el funcionamiento de la democracia.
“La estabilidad de Nuevo León no depende de la permanencia de una sola persona. El estado cuenta con instituciones, una Constitución, un Congreso, un Poder Judicial y mecanismos legales para garantizar la continuidad del gobierno. Sostener lo contrario coloca al gobernador por encima de las instituciones”, señaló.
Asimismo, lamentó que, de manera paralela, una jueza federal haya concedido un amparo para impedir que el Congreso local vote de manera definitiva el juicio político mientras se resuelve el fondo del litigio, lo que podría prolongar el procedimiento durante varios meses.
El diputado consideró que el debido proceso ya garantiza plenamente los derechos de defensa del gobernador, quien puede conocer las acusaciones, ofrecer pruebas, presentar argumentos y acudir a los medios constitucionales correspondientes. Sin embargo, advirtió que ello no debe convertirse en un mecanismo para neutralizar anticipadamente las consecuencias que pudieran derivarse de una investigación en curso.
“También existe un daño potencialmente irreparable para la sociedad cuando un servidor público señalado por posibles faltas graves permanece en funciones mientras las instituciones ven suspendida su capacidad para hacer efectivas las responsabilidades que correspondan. La ciudadanía también tiene derecho a una justicia pronta y efectiva”, enfatizó.
Ramírez Cuéllar sostuvo que ningún gobernante puede utilizar el mandato popular como un escudo frente a la fiscalización de los recursos públicos.
“La gubernatura no es un privilegio de inmunidad. Haber sido electo democráticamente obliga a rendir cuentas con mayor transparencia y responsabilidad. Cuando existen señalamientos sobre el posible uso indebido de recursos públicos, la respuesta debe ser abrir la información, transparentar los contratos y permitir que las autoridades concluyan su trabajo”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado para que el Congreso de Nuevo León continúe el procedimiento de juicio político sin dilaciones, se transparenten los contratos y operaciones bajo investigación y tanto la Suprema Corte como el Poder Judicial Federal resuelvan el fondo del asunto con la mayor celeridad posible.
“No confundamos estabilidad institucional con protección personal. Samuel García no ha sido exonerado; únicamente fue protegido de manera provisional. La rendición de cuentas no puede quedar suspendida indefinidamente y la sociedad de Nuevo León merece conocer la verdad y que las instituciones actúen sin privilegios ni impunidad”, concluyó.