- Se invalida reducción de plazos para precampañas y candidaturas independientes en San Luis Potosí:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que establecían una duración uniforme de 20 días para las precampañas correspondientes a las elecciones de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, así como la reducción de los plazos para obtener apoyo de la ciudadanía necesario para registrar candidaturas independientes.
El Pleno determinó que, si bien las legislaturas estatales tienen libertad para regular la duración de las precampañas, esta facultad debe ejercerse de manera razonable y considerar las diferencias territoriales y organizativas entre los distintos cargos de elección popular. En ese sentido, establecer un mismo plazo de 20 días para la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos, sin una justificación suficiente, resulta incompatible con las realidades territoriales y los principios constitucionales que rigen la materia electoral.
Asimismo, el Máximo Tribunal determinó inconstitucional reducir de 40 a 20 días el plazo para recabar apoyo de la ciudadanía para candidaturas independientes a la gubernatura, y de 25 a 20 días para las diputaciones y los cargos en el ayuntamiento, sin disminuir el porcentaje de respaldo requerido. Esta medida dificulta injustificadamente el cumplimiento de los requisitos legales y restringe el ejercicio efectivo del derecho a ser votado o votada en un cargo de elección popular.
En consecuencia, concluyó que las normas que se encontraban vigentes con anterioridad a la reforma que se invalida, deben mantenerse vigentes para evitar un vacío normativo que afecte el desarrollo del proceso electoral.
Acción de inconstitucionalidad 113 y su acumulada 114, ambas de 2026. Resueltas en sesión de Pleno el 18 de noviembre de 2026.
- Se valida permitir convenios para el pago de deudas de empresas en quiebra sin exigir su liquidación total:
El Alto Tribunal validó el artículo 262, fracción V, de la Ley de Concursos Mercantiles, que permite a las empresas celebrar convenios durante la etapa de quiebra sin exigir que se garantice el pago del 100 % de los créditos reconocidos, siempre que se cumplan las mayorías y los requisitos legales establecidos para proteger los derechos de las personas acreedoras.
El asunto surgió a partir de un procedimiento de concurso mercantil en el que una empresa declarada en quiebra celebró un convenio con acreedores que representaban el 90.738 % de su pasivo. Una de las acreedoras, que no suscribió el acuerdo, promovió un juicio de amparo al considerar que la posibilidad de obligarla a aceptar un convenio que no garantizaba el pago íntegro de su crédito podía vulnerar su patrimonio y sus libertades de contratación y comercio.
Al resolver el asunto, el Pleno determinó que dicha norma es válida porque la exigencia de prever el pago a todas las y los acreedores reconocidos, incluidos quienes no suscribieron el convenio, no significa que deba garantizarse necesariamente la liquidación total de sus créditos.
La Corte explicó que los procedimientos de quiebra parten de una situación en la que una empresa no puede cumplir íntegramente sus obligaciones financieras, por lo que exigir el pago del 100 % de las deudas podría impedir la celebración de convenios que permitan recuperar el mayor valor posible del patrimonio disponible.
Asimismo, señaló que la legislación permite celebrar acuerdos durante la etapa de quiebra, con el propósito de facilitar soluciones que eviten la prolongación indefinida de los procedimientos, el deterioro de los bienes y la disminución de los recursos destinados al pago de las personas acreedoras.
La SCJN destacó que los convenios aprobados por las mayorías previstas en la ley pueden ser obligatorios para quienes no los suscribieron, pero deben respetar las condiciones y los límites establecidos para proteger a las personas acreedoras disidentes.
Finalmente, devolvió el expediente al tribunal colegiado competente para que resuelva los planteamientos de legalidad pendientes relacionados con el convenio aprobado en el caso concreto.
Amparo en revisión 131/2026. Resuelto en sesión de Pleno el 18 de noviembre de 2026.
- Se valida la obligación de garantizar el interés fiscal para obtener la suspensión en procedimientos relacionados con el cobro de créditos fiscales:
El Máximo Tribunal validó el artículo 28, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que, para suspender la ejecución de actos de determinación, liquidación o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, la persona contribuyente debe garantizar el interés fiscal ante la autoridad ejecutora mediante cualquiera de las formas previstas en la ley.
El asunto tuvo su origen en un crédito fiscal determinado por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como por aprovechamientos,
actualización, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Después de agotarse el recurso de revocación, la empresa promovió un juicio contencioso administrativo federal, en el que obtuvo la suspensión definitiva de la ejecución del crédito, condicionada a la constitución de la garantía del interés fiscal.
Inconforme con esa condición, la contribuyente promovió un recurso de reclamación y, posteriormente, un juicio de amparo que fue negado, por lo que la empresa contribuyente promovió un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte para su resolución.
Al resolver, el Pleno determinó que la obligación de garantizar el interés fiscal constituye una medida compatible con los derechos de igualdad y de acceso a la
justicia. Explicó que el hecho de que otros procedimientos contemplen un régimen distinto para la suspensión no implica un trato discriminatorio, pues cada
mecanismo procesal responde a finalidades y características propias.
Asimismo, la Corte señaló que el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación regula las formas en que puede garantizarse el interés fiscal cuando se solicita la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, incluso cuando dicha suspensión se pide dentro de un juicio contencioso administrativo.
Por tal motivo, cuando el tribunal concede la suspensión condicionada a la garantía del interés fiscal, la persona contribuyente cuenta con ese plazo para constituirla, mismo en el que no puede ser sometida al procedimiento de ejecución.
La SCJN también destacó que, conforme al artículo 87 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, corresponde a la autoridad fiscal calificar y aceptar la garantía ofrecida, verificando únicamente que cumpla con los requisitos legales relativos a su modalidad, motivo e importe. Esta facultad no queda al arbitrio de la autoridad, sino que debe ejercerse conforme a los parámetros previstos en la legislación aplicable.
Por ello, concluyó que el sistema normativo ofrece certeza sobre el procedimiento para garantizar el interés fiscal y las consecuencias jurídicas derivadas de su constitución.
Amparo en revisión 176/2026. Resuelto en sesión de Pleno el 18 de noviembre de 2026.
Documento con fines de divulgación. Las sentencias son la única versión oficial.



