Washington DC — En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por los graves impactos que la minería ilegal de oro está generando sobre el derecho humano al agua en las Américas, en particular en la Amazonía y el Escudo Guayanés. La Relatoría recuerda que este derecho exige a los Estados adoptar medidas efectivas para garantizar el acceso a agua suficiente, salubre, accesible y asequible, así como prevenir la contaminación de las fuentes hídricas y proteger a las personas y comunidades expuestas a sus efectos, máxime cuando ello compromete el goce de otros derechos protegidos por el sistema interamericano.
La minería ilegal de oro provoca contaminación de ríos, quebradas, humedales y otras fuentes hídricas, así como deforestación, remoción intensiva de suelos, alteración de cauces y degradación acelerada de ecosistemas estratégicos, afectando la disponibilidad, calidad y sostenibilidad del agua en los territorios afectados.
Entre los impactos más graves y documentados de estas actividades se encuentra el uso intensivo de mercurio para separar el oro de los sedimentos. Al ser vertido en ríos y quebradas, este metal puede transformarse en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica que contamina los ecosistemas acuáticos y representa una seria amenaza para la salud humana. Esta contaminación vulnera en forma directa al derecho humano al agua, tanto por el deterioro de la calidad del agua para consumo y uso doméstico, como por la bioacumulación del mercurio en peces y otros organismos acuáticos, ampliando la exposición humana a esta sustancia a través de la cadena alimentaria.
La REDESCA observa con preocupación que esta contaminación tiene un alcance particularmente severo en la Amazonía y el Escudo Guayanés, donde los impactos de la minería ilegal de oro adquieren una dimensión transfronteriza y afectan extensos sistemas fluviales compartidos por varios países de la región. La degradación de estas cuencas no solo compromete el acceso a agua segura, sino que también altera cadenas alimentarias, afecta la fauna acuática y terrestre y genera efectos acumulativos que trascienden fronteras, lo que exige respuestas estatales coordinadas a escala regional.
La Relatoría Especial alerta por los impactos diferenciados y desproporcionados de esta crisis sobre los pueblos indígenas y otras comunidades locales, cuya vida material, espiritual y cultural depende de la integridad de los ecosistemas acuáticos. La exposición al mercurio ha sido documentada en diversos territorios de la región, con consecuencias muy graves para niñas, niños, mujeres embarazadas y otras personas en situación de mayor vulnerabilidad. Estas afectaciones comprometen la salud y la vida, así como la continuidad cultural, las prácticas tradicionales de alimentación y los modos de vida estrechamente vinculados al agua y al territorio.
Estas preocupaciones ya fueron puestas de relieve durante la reciente audiencia regional de oficio Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, celebrada el 11 de marzo de 2026 en el marco del 195° Período de Sesiones de la CIDH en Guatemala. En esa oportunidad, la Comisión recibió información sobre la dimensión regional de esta problemática y sobre sus graves efectos en los territorios, las fuentes hídricas y los derechos de las comunidades afectadas.
La REDESCA recuerda que el derecho humano al agua, protegido por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desarrollado por los estándares interamericanos, comprende el acceso a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos. En ese marco, los Estados tienen obligaciones inmediatas de garantizar su ejercicio sin discriminación y de adoptar medidas efectivas para prevenir, controlar y sancionar actividades de terceros que contaminen las fuentes hídricas y comprometan el goce de derechos conexos, como la vida, la salud, la integridad personal y el derecho a un ambiente sano.
La Relatoría Especial recuerda que los Estados deben prestar atención a los pueblos y comunidades que siempre han enfrentado mayores obstáculos para el ejercicio del derecho al agua, incluidos los pueblos indígenas. Ello exige adoptar medidas urgentes, con pertinencia cultural y territorial, para proteger los recursos hídricos en sus territorios, evitar toda forma de contaminación ilícita, garantizar acceso a la información y participación efectiva, y asegurar acceso a la justicia, reparación y protección integral frente a los impactos de la minería ilegal de oro
En virtud de lo anterior, la REDESCA exhorta a los Estados de la región a adoptar medidas urgentes, integrales, efectivas y coordinadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los impactos de la minería ilegal de oro sobre el derecho humano al agua. En particular, insta a fortalecer la presencia institucional y los mecanismos de control en los territorios afectados; mejorar el monitoreo de la calidad del agua y la vigilancia de la contaminación por mercurio; garantizar atención sanitaria, acceso a agua segura y medidas de remediación para las comunidades afectadas; reforzar la cooperación transfronteriza frente a esta problemática; y avanzar, según corresponda, en la ratificación, implementación efectiva y cumplimiento de buena fe de las obligaciones derivadas del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, así como en el fortalecimiento progresivo del marco internacional aplicable, a fin de avanzar hacia la eliminación del uso de mercurio en las actividades auríferas que aún lo emplean.
La Relatoría Especial reitera su compromiso de continuar monitoreando esta situación y de contribuir al fortalecimiento de marcos normativos, políticas públicas y respuestas estatales orientadas a proteger efectivamente el derecho humano al agua frente a la contaminación por mercurio asociada a la minería ilegal de oro y a otras actividades auríferas desarrolladas sin salvaguardas adecuadas, incluida la minería aurífera artesanal y de pequeña escala que utiliza mercurio. La Relatoría Especial recuerda, además, que los procesos de formalización o regularización de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala, aun cuando puedan contribuir a mejorar la supervisión estatal y las condiciones de trabajo, no deben traducirse en la tolerancia o prolongación del uso de mercurio allí donde este continúa generando graves afectaciones al derecho humano al agua.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.