- Manuel Añorve la calificó como “una ley de control y censura”, mientras que Néstor Camarillo la denunció como “la nueva censura del bienestar”. Claudia Anaya alertó que se deja en indefensión a las audiencias, y Carolina Viggiano advirtió que el objetivo real es controlar las telecomunicaciones del país.
Durante el debate en comisiones unidas del Senado de la República, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI fijaron una postura firme en contra de la iniciativa presidencial para expedir una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al advertir que representa un grave retroceso en derechos digitales, rompe con el orden constitucional y amenaza la competencia justa en el sector.
El coordinador del grupo, Manuel Añorve Baños, sostuvo que esta propuesta constituye “el mayor retroceso en libertades digitales en décadas”. Acusó que Morena pretende aprobarla “al vapor, fast track y sin participación de la sociedad”, sin parlamento abierto ni diálogo. “No quieren la crítica ni el debate, porque les incomoda”, advirtió.
Añorve denunció que el artículo 109 de la iniciativa faculta al gobierno para bloquear plataformas digitales sin orden judicial, sin límite de tiempo ni procedimientos claros. “¿Quién decide qué se bloquea? La Agencia de Transformación Digital. ¿Y quién la controla? El gobierno de Morena”, cuestionó. “Es una ley de control y censura, hecha para silenciar, no para conectar”.
Por su parte, el senador Néstor Camarillo Medina calificó esta reforma como “la nueva censura del bienestar”, al denunciar que el gobierno busca controlar lo que los ciudadanos pueden ver, leer y escuchar. “Están ocultando que el Gobierno va a controlar absolutamente todo. Eso es un gran atropello”, sentenció. Camarillo también condenó el spot oficial que motivó esta iniciativa por su tono discriminatorio hacia los migrantes mexicanos. “Estamos a favor de nuestros hermanos migrantes y en contra de campañas que los criminalizan”, afirmó.
A su vez, la senadora Claudia Anaya Mota alertó que esta iniciativa viola los artículos 6º, 7º y 28 de la Constitución, y compromete más de 30 tratados internacionales, incluido el T-MEC. Coincidió con su bancada en que se están entregando facultades legislativas a una agencia que operará sin contrapesos, al advertir que las disposiciones podrán emanar por orden administrativa y no por ley. “Estamos dejando en la indefensión a las audiencias”, señaló.
Anaya explicó que permitir que el Estado se convierta en proveedor de Internet sin reglas de competencia genera una distorsión del mercado. “Esto no es libre competencia, esto nos va a generar problemas. Estamos participando subsidiados”, advirtió, al recordar que el artículo 6º constitucional establece que los servicios de telecomunicaciones deben prestarse en condiciones de competencia.
Cuestionó además que una reforma de alto nivel técnico se pretenda aprobar sin Parlamento Abierto ni tiempo suficiente para el análisis, cuando en 2014 el Congreso dedicó seis meses al debate abierto de la legislación en la materia. “No entiendo por qué estamos trabajando de esta manera. Ni siquiera nos da tiempo de explicar lo que vemos como riesgo para el país”, reclamó.
La senadora Carolina Viggiano Austria lamentó que la mayoría oficialista imponga una ley que centraliza el poder, destruye la autonomía institucional y viola principios fundamentales del Estado de derecho. Cuestionó la incongruencia del oficialismo y los acusó de traicionar sus propios principios democráticos: “Hoy nos quieren vender de modernización la centralización absoluta del poder, pretenden desaparecer la autonomía que se había conseguido por la lucha de ustedes como oposición. Se habían conseguido legítimamente.”
Alertó que el artículo 280 contiene una “trampa jurídica” al impedir la suspensión de actos de la agencia a través del juicio de amparo: “Una trampa jurídica que viola el derecho a un debido proceso y que le arrebata a los ciudadanos otro mecanismo de defensa.”
Asimismo, advirtió que la nueva ley abre la puerta a prácticas autoritarias bajo pretextos amplios y peligrosos, como el concepto de “alteración del orden”. Denunció que se otorgan facultades excesivas al Ejecutivo para controlar las telecomunicaciones, premiar medios afines y castigar voces críticas mediante la asignación directa del espectro. “El Ejecutivo podrá asignar espectro sin licitación, sin contraprestación. ¿Qué significa esto? Que podrán premiar a medios afines, castigar a los críticos y utilizar los recursos de todos para fines propagandísticos”.
Finalmente, los senadores del PRI, que votaron en contra de esta ley, reiteraron que, aunque el oficialismo imponga la mayoría en la votación, el debate no lo ganarán jamás.
