• El fortalecimiento de un Sistema Nacional de Justicia Electoral deberá apreciarse en los resultados, señaló
• A la Sala Superior del TEPJF corresponde estar abiertos a nuevas lecciones y aceptar que las propias prácticas están sometidas a una constante mejora
Al hacer la declaratoria inaugural del Encuentro Regional de Tribunales, Institutos Electorales e INE, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, consideró que “en momentos de cuestionamiento público, la fortaleza de las instituciones depende de su capacidad para esclarecer, corregir lo que corresponda y cumplir sus funciones con apego a la ley”.
Ante autoridades de Tribunales Electorales, Organismos Públicos Locales y Juntas locales y distritales del país, Bátiz García dejó en claro que “la ciudadanía necesita razones verificables para confiar en que el interés público guía nuestras acciones, que la organización de las elecciones mantiene su continuidad y que sus derechos están protegidos”.
Con el proceso electoral 2026-2027 en marcha, dijo, es necesario identificar qué dificultades requieren mayor capacitación, cuáles demandan mejorar procedimientos y cuáles ameritan una discusión jurídica más profunda, así como conservar la atención a las condiciones de cada región del país.
“Propongo ordenar las experiencias compartidas y dar seguimiento a los problemas que requieren colaboración, con una pregunta concreta: ¿Qué cambios permitirán atenderlos mejor?”, señaló el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF.
En presencia de la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo; la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, María Dolores López Loza; la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, así como de autoridades jurisdiccionales y administrativas federales y estatales de la Segunda Circunscripción electoral , Gilberto Bátiz mencionó que “el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Justicia Electoral deberá apreciarse en los resultados”.
Indicó que, en materia electoral, quien recibe una decisión, aun si ésta es desfavorable, debe poder reconocer que sus argumentos fueron examinados, que su voz fue escuchada, que las reglas se aplicaron con imparcialidad y que existe una explicación sólida de lo resuelto.
Ante ello, explicó, “nos toca (a las autoridades electorales) trabajar para que, aun frente al desacuerdo, podamos sostener la certeza y la confianza”.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral comentó que a las autoridades electorales corresponde proteger la posibilidad de elegir, participar y defender un derecho frente al poder y “cumplir esa tarea requiere trabajar desde nuestras atribuciones y aprender unas de otras”.
La confianza en el sistema electoral —agregó— se fortalece cuando las personas reconocen esa coherencia, desde que solicitan orientación hasta que reciben una resolución y atenderlas exige comprender las condiciones en que acuden ante las autoridades electorales.
“Desde la Sala Superior nos corresponde participar con esa disposición: aportar lo aprendido, estar abierto a nuevas lecciones y, en este sentido, aceptar que nuestras propias prácticas están sometidas a una constante mejora. Para hacerlo, necesitamos discutir con franqueza y recibir observaciones sin cerrar el diálogo, preservando la independencia de cada autoridad para resolver conforme a sus atribuciones”, planteó.
