Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por los informes de operaciones letales contra buques no estatales (o embarcaciones) llevadas a cabo por Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico Oriental desde principios de septiembre de 2025, que supuestamente han causado la muerte de un alto número de personas. La Comisión insta al Estado a garantizar que todas las operaciones de seguridad, incluidas las realizadas más allá de sus fronteras, sean coherentes con las obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección del derecho a la vida, el uso de la fuerza, las garantías del debido proceso y los mecanismos de rendición de cuentas.
Según información pública y oficial, desde principios de septiembre de 2025, aproximadamente quince operaciones aéreas y navales han sido llevadas a cabo por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, están vinculadas a organizaciones criminales transnacionales, resultando en más de 80 muertos y tres supervivientes.
La primera de estas acciones, anunciada el 2 de septiembre, supuestamente implicó la destrucción de un barco frente a aguas venezolanas, lo que resultó en la muerte de once personas. El 15 de septiembre se anunció otra operación, con informes que indicaban tres muertes, seguidas de otro ataque el 19 de septiembre en el Caribe, que también dejó tres muertos. Se reportaron incidentes posteriores a principios de octubre, incluyendo uno alrededor del 3 de octubre, que supuestamente causó cuatro muertes, y otro entre el 16 y el 17 de octubre que involucró a una embarcación de bajo perfil en el Caribe, resultando en dos muertes y dos supervivientes que posteriormente fueron transferidos a custodia estadounidense. Dos ataques tuvieron lugar en el Pacífico Oriental el 22 de octubre con un total de cinco muertes.
Uno de los incidentes más mortíferos ocurrió el 27 de octubre en el Pacífico Oriental, cuando la destrucción de cuatro embarcaciones supuestamente causó catorce muertes y un superviviente que fue posteriormente rescatado por las autoridades mexicanas. Información adicional sugiere que tuvo lugar otro ataque el 29 de octubre, que causó cuatro muertes.
Las huelgas continuaron en noviembre. El 1 de noviembre, un ataque en el Caribe supuestamente causó la muerte de tres personas. Una operación adicional el 4 de noviembre en el Pacífico Oriental resultó supuestamente en dos muertes, y dos ataques separados el 9 de noviembre en el Pacífico supuestamente mataron a seis personas. Para el 10 de noviembre, las fuerzas estadounidenses anunciaron ataques contra dos buques adicionales en el Pacífico oriental, lo que resultó en seis muertes y evolvió el total de muertes publicamente reportadas a más de 83 personas.
Reconociendo la gravedad del crimen organizado y su impacto en el disfrute de los derechos humanos, la Comisión recuerda que los Estados están obligados a respetar y garantizar el derecho a la vida de todas las personas bajo su jurisdicción. Según la jurisprudencia interamericana, este deber se extiende a situaciones en las que agentes estatales ejercen autoridad o control efectivo, incluyendo acciones extraterritoriales en el mar. Cuando el personal de seguridad o militar fuera del territorio nacional utiliza fuerza letal, los Estados tienen la obligación de demostrar que tales acciones fueron estrictamente legales, necesarias y proporcionadas, e investigar, de oficio, cualquier pérdida de vidas resultante. Estas obligaciones persisten independientemente de dónde se produzcan las operaciones o del estatus atribuido a las personas afectadas. Del mismo modo, las personas bajo control estatal deben gozar siempre del pleno respeto al debido proceso y al trato humano.
La CIDH reitera que, según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el uso de la fuerza militar con fines de seguridad pública debe ser excepcional, estrictamente regulado y limitado a circunstancias en las que las autoridades civiles no puedan responder eficazmente. El despliegue de fuerzas armadas en operaciones contra presuntos grupos criminales, especialmente fuera del territorio, conlleva un alto riesgo de privación arbitraria de vidas, falta de rendición de cuentas, violaciones del debido proceso y erosión de la supervisión civil.
A la luz de lo anterior, la Comisión insta a Estados Unidos a: abstenerse de emplear fuerza militar letal en el contexto de operaciones de seguridad pública, asegurando que cualquier operación de contracrimen o de seguridad cumpla plenamente con los estándares internacionales de derechos humanos; llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales e independientes sobre todas las muertes y detenciones derivadas de estas acciones; y adoptar medidas eficaces para prevenir la recurrencia.
La CIDH continuará supervisando de cerca la situación y reitera su disposición a mantener el diálogo continuo y la cooperación técnica con Estados Unidos para apoyar la protección de los derechos humanos en todas las políticas de seguridad y defensa.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato deriva de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en este asunto. La CIDH está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen ni de residencia.