Javier Divany Bárcenas
La senadora Cynthia López Castro, integrante de Morena, presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para garantizar por primera vez en México la protección institucional, jurídica y de seguridad de las maestras y maestros frente a agresiones, amenazas o actos de violencia derivados del ejercicio de su labor docente.
La propuesta adiciona el Artículo 90 Bis y una nueva fracción al Artículo 129 de la ley, con el objetivo de que el Estado deje de ser un espectador pasivo y se convierta en escudo legal del magisterio.
“No podemos seguir exigiendo excelencia a las y los maestros mientras los dejamos indefensos frente a la violencia. Esta reforma convierte al Estado en su respaldo legal y protector. Defender a nuestros docentes es defender el futuro de México”, indicó la senadora.
Señala también que, México cuenta con más de 2 millones de docentes que sostienen el Sistema Educativo Nacional, sin embargo, cada vez son más frecuentes las agresiones verbales, físicas, virtuales y patrimoniales contra maestras y maestros, muchas veces por parte de alumnos o incluso de padres de familia, sin que existan mecanismos claros de defensa institucional.
Lo anterior nace de una realidad alarmante que son amenazas, violencia o acoso, en donde los maestros quedan solos frente a procesos legales, por lo que faltan registros oficiales que permitan dimensionar el problema.
“La Constitución reconoce a las maestras y maestros como agentes fundamentales de la transformación social, pero el Estado no les ha dado las herramientas para defender su integridad”, señaló la senadora morenista.
López Castro propone una reforma que establezca obligaciones concretas para las autoridades educativas como entornos escolares seguros para garantizar que el personal docente trabaje en un ambiente libre de violencia, hostigamiento, intimidación, amenazas o difamación.
Protocolos de protección inmediata, para aplicar medidas de resguardo cuando un maestro esté en riesgo dentro o en las inmediaciones del plantel; defensa jurídica gratuita, para que las autoridades deban brindar asesoría y representación legal oficiosa a docentes que sufran agresiones relacionadas con su labor.
Además, que el Estado denuncie los delitos, cuando exista un posible delito, la autoridad educativa estará obligada a presentar denuncias y asumir la representación jurídica; registro nacional de agresiones, tanto estatal como nacional de incidentes de violencia contra docentes para diseñar políticas de prevención.
La iniciativa también incorpora como obligación legal que quienes ejercen la patria potestad o tutela mantengan en todo momento una conducta de respeto hacia el personal docente y directivo.
La propuesta toma como referencia modelos de países como España y Chile, donde el Estado brinda respaldo jurídico al profesorado, reconociendo que no puede haber calidad educativa sin seguridad para quienes enseñan.
Los plazos de implementación serían 180 días para emitir protocolos de protección y un año para poner en marcha el Registro Nacional de Incidentes de Violencia contra Docentes.
