La COMISIÓN IBEROAMÉRICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS (CIDHPDA) organismo de ámbito internacional que promueve la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos en México y en América Latina, tiene a bien presentar el presente informe sobre las violaciones que ocurrieron en este año que termina.
El año 2025 ha estado marcado en la Ciudad de México, en el país mexicano y en América Latina por la tensión entre ciertas mejoras en algunos indicadores de seguridad y la persistencia e incluso agravamiento de violaciones graves a los derechos humanos. Persisten la desaparición de personas, la violencia letal, los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en el control de protestas, la violencia de género y la discriminación estructural hacia pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros grupos históricamente excluidos. Este informe ofrece un panorama sintético de la situación en 2025, organizado en tres niveles: Ciudad de México, México a nivel nacional y América Latina. Se presentan datos estadísticos disponibles, casos relevantes y algunas conclusiones generales para orientar la acción de incidencia, monitoreo y acompañamiento a víctimas.
En la Ciudad de México
De acuerdo con el Balance de Actividades 2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el organismo:
- Registró alrededor de 53 000 servicios de atención a la ciudadanía (orientaciones, canalizaciones, aperturas de queja y otros procesos de defensa).
- Recibió más de 7 300 quejas por posibles violaciones a derechos
- Logró la garantía efectiva de los derechos de 5,449 personas, de las cuales 38 lo hicieron mediante recomendaciones y el resto a través de mecanismos de restitución inmediata, mediación o conciliación.
- Emitió 13 recomendaciones y gestionó 9 acuerdos conciliatorios dirigidos
principalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Servicios Periciales y Estos datos muestran una alta demanda de protección de derechos y un contexto de conflictividad social importante, en el que la CDHCM documentó decenas de protestas y acompañó movilizaciones relevantes a lo largo del año.
Desaparición de personas en la Ciudad de México
En materia de desaparición de personas, la situación de la capital se ha vuelto especialmente preocupante en 2025. Diversas notas periodísticas, con base en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), señalan que el año cerrará con más de 2 200 personas reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México, lo que representa un incremento aproximado del 76 % respecto del año anterior. Ello coloca a la ciudad dentro de las entidades con crecimiento más acelerado en este fenómeno. La CDHCM ha informado que, de enero al 15 de noviembre de 2025, recibió 19 quejas relacionadas específicamente con la desaparición de personas en la capital. En estas quejas se señalan, por omisiones o falta de coordinación, a instancias como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Comisión de Búsqueda local, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social. Las principales problemáticas identificadas incluyen:
- Falta de coordinación interinstitucional en la búsqueda
- Retrasos en la emisión de alertas (incluida la Alerta Amber).
- Deficiencias en la identificación y restitución de
- Insuficiente información y acompañamiento a las familias de personas
Protesta social, uso de la fuerza y marcha de la Generación “Z”
En 2025 se mantuvo una intensa agenda de protestas en la Ciudad de México. La CDHCM documentó y acompañó diversas movilizaciones, entre ellas la marcha del 15 de noviembre conocida como marcha de la «Generación Z». En este caso, la CDHCM informó que:
- Acompañó la manifestación con al menos 18 visitadoras y visitadores durante toda la jornada.
- Recibió al menos 19 quejas de personas detenidas o lesionadas, e inició siete expedientes de queja y una remisión.
- Las quejas refieren posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones, afectaciones a la integridad personal y falta de atención médica
De acuerdo con la información pública disponible, 19 personas fueron detenidas en el marco de la marcha; 16 fueron liberadas posteriormente, mientras que al cierre de noviembre dos personas adultas continuaban en prisión preventiva, acusadas de tentativa de homicidio (un menor de edad imputado por el mismo delito ya había sido liberado).
La propia presidenta de la CDHCM ha reconocido que este fue uno de los operativos de control de protesta más complejos de los últimos años en la ciudad, con niveles de violencia y detenciones que no se habían visto recientemente, lo que evidencia riesgos de uso desproporcionado de la fuerza y criminalización de la protesta social.
Ante estos hechos el 19 de noviembre de 2025 esta COMISION IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE
LAS AMÉRICAS (CIDHPDA) presento ante la Fiscalía General de la República (FGR) Denuncia en contra de Policías de la Ciudad de México por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en contra de manifestantes de la denominada: “GENERACIÓN Z” del 15 de noviembre de 2025, por lo que dicha FGR, traslado la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México misma que quedo radicada bajo la carpeta de investigación: CI-FIDMC/A/UI-1 S/D/0138/12-2025.
Desalojos y otros temas críticos
Otro eje de preocupación son los desalojos. Informes de la CDHCM indican que, de 2023 a la fecha, se han abierto más de 80 expedientes de queja por posibles violaciones de derechos humanos relacionados con desalojos en la capital, de los cuales al menos 22 corresponden a 2025. Se han señalado prácticas como:
- Notificaciones falsificadas e insuficientes o poco
- Ejecución de desalojos en horarios o condiciones que colocan en mayor vulnerabilidad a las personas.
- Participación de operadores privados sin supervisión
Lo anterior se suma a quejas por condiciones en centros de reclusión, fallas en servicios públicos y afectaciones derivadas de obras de infraestructura y proyectos urbanos, lo que configura un panorama complejo de garantías insuficientes de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la capital (DESCA).
México a nivel Nacional: Violencia letal y homicidios
Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo de alrededor de 87 a cerca de 55 personas, lo que representa una caída en torno al 32–33 %. Noviembre de 2025 habría sido, según el Gobierno Federal, el mes con menos homicidios desde mediados de la década pasada.
Sin embargo, especialistas y organizaciones independientes han cuestionado la calidad y consistencia de estos datos, señalando posibles cambios en criterios de registro y problemas de subregistro, así como la persistencia de altos niveles de violencia en varios Estados de la República Mexicana.
Se insiste en que una reducción estadística de homicidios no implica automáticamente la superación de la crisis de Derechos Humanos, en la medida en que otros delitos graves y violaciones, como desapariciones, tortura o violencia sexual siguen presentes o se agravan.
Desaparición de personas a nivel nacional
La desaparición de personas continúa siendo una crisis estructural de Derechos Humanos en México.
- Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 1952 y el 18 de diciembre de 2025 se han registrado más de 387 000 personas desaparecidas, no localizadas o De ellas, más de 133 000 continúan desaparecidas o no localizadas.
- El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 elaborado por organizaciones de la sociedad civil señala que, después de superar el umbral de las 100 000 personas desaparecidas en 2022, los casos aumentaron 7,3%
en 2023, 6,3% en 2024 y alrededor de 12% en 2025, lo que indica un crecimiento acumulado y una tendencia al alza.
Amnistía Internacional, en su informe «Disappearing Again» de 2025, describe estas desapariciones, muchas de ellas forzadas, como una crisis que no solo afecta a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades, quienes viven violaciones continuas a sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación.
Libertad de expresión y periodistas
México se mantiene en 2025 como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, a pesar de no estar en un conflicto armado generalizado.
Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones han documentado al menos 9 periodistas asesinados en el país durante 2025, lo que coloca a México como el país sin guerra con más periodistas asesinados y como el segundo más letal del mundo, solo por debajo de contextos de guerra como Gaza.
Además, se reportan decenas de agresiones, amenazas, desplazamientos internos y ataques digitales, así como casos de periodistas desaparecidos o no localizados.
La organización Artículo 19 ha denunciado que el acoso judicial contra periodistas en México aumentó alrededor de 143 % en los primeros siete meses de 2025 respecto de 2024, con al menos 51 casos documentados, varios de ellos contra mujeres periodistas. Se reporta el uso de figuras legales, incluida la violencia política de género de manera indebida para censurar investigaciones incómodas o críticas a autoridades.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil y otras redes subrayan, además, que la impunidad en los delitos contra periodistas se mantiene en niveles superiores al 95– 98%, lo que envía un mensaje de tolerancia a la violencia y alimenta la autocensura.
Personas defensoras de derechos humanos, tortura y militarización
Diversos informes coinciden en que el espacio cívico en México se encuentra «restringido» o «reprimido». Redes de acompañamiento a personas defensoras documentan un contexto de amenazas, hostigamiento, criminalización, campañas de estigmatización y asesinatos.
En febrero de 2025, organizaciones nacionales e internacionales denunciaron el asesinato de tres campesinos indígenas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) en Santo Domingo Petapa, Oaxaca, en un ataque armado vinculado al contexto de defensa del territorio frente a proyectos de infraestructura. El caso se sumó a otros ataques letales contra personas defensoras de tierra y medio ambiente en distintos estados del país.
Informes especializados, como los del Índice Global de la Tortura, señalan que persisten prácticas de tortura y malos tratos por parte de fuerzas armadas y corporaciones de seguridad, así como deficiencias serias en la investigación, sanción y reparación de estos delitos.
La participación militar en tareas de seguridad pública sigue siendo señalada como un factor de riesgo para los Derechos Humanos, a pesar de los esfuerzos normativos por regularla.
Migración, desplazamiento y violencia
México continúa siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno para cientos de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo.
Análisis regionales sobre protección en América Latina y el Caribe señalan que el crimen organizado, la violencia indiscriminada y la impunidad son motores centrales del desplazamiento forzado en la región.
En este contexto, México funciona como corredor obligado para flujos procedentes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, al tiempo que expulsa población propia afectada por la violencia y la precariedad económica.
Se reportan patrones persistentes de extorsión, secuestro, trata de personas, uso excesivo de la fuerza en operativos migratorios y expulsiones sumarias, así como graves riesgos en cruces como el Tapón del Darién y la frontera norte.
Organismos internacionales han insistido en la necesidad de que México adecue sus políticas migratorias a estándares de Derechos Humanos, garantice procedimientos de asilo justos y proteja de manera efectiva a niñez, mujeres y personas LGBTIQ+ en movilidad.
América Latina en 2025: tendencias regionales de derechos humanos
Panorama General
Informes recientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y de organizaciones como Amnistía Internacional muestran que, en 2025, América Latina sigue enfrentando:
- Reducción del espacio cívico y restricciones a la libertad de asociación, expresión y protesta.
- Persistencia de desigualdad, discriminación estructural y violencia de género.
- Militarización de la seguridad pública y uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta y control territorial.
- Crisis de desplazamiento interno y migración forzada, vinculada a violencia criminal, conflictos socioambientales y crisis políticas.
El tercer informe regional de la CIDH sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos subraya que quienes defienden derechos en especial mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, campesinas y personas LGBTIQ+ continúan trabajando en entornos hostiles, con riesgos constantes para su vida e integridad.
Periodistas y defensores ambientales
En 2025, América Latina volvió a ser la región más peligrosa del mundo para periodistas fuera de zonas de guerra.
Reportes especializados indican que al menos 17 periodistas fueron asesinados en la región por motivos presuntamente ligados a su labor, lo que representa cerca de una cuarta parte de los asesinatos de periodistas registrados a nivel mundial ese año. México, en particular, concentra una parte importante de estos casos, pero se observan patrones graves también en países como Colombia, Honduras, Brasil y Haití.
Asimismo, datos recientes de organizaciones que monitorean a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente muestran que, aun cuando los informes globales más recientes reportan cifras de 2024, más del 80 % de los asesinatos de defensores ambientales registrados en el mundo ocurrieron en América Latina, con picos en Colombia, Guatemala y México.
Los indicios de 2025 confirman la continuidad de ataques letales, criminalización y campañas de estigmatización contra quienes se oponen a proyectos extractivos o de infraestructura de alto impacto.
Casos relevantes en América Latina 2025
Haití
Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que desde octubre de 2024 hasta mediados de 2025, la violencia de bandas armadas ha causado cerca de 5,000 muertes, además de decenas de miles de desplazamientos internos.
La COMISIOÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ha alertado sobre el aumento de la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, en un contexto de colapso parcial de los servicios básicos y de la capacidad del Estado para garantizar protección.
Venezuela
Una Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó en 2025 que la Guardia Nacional Bolivariana ha cometido crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos de manera sistemática desde 2014, mediante detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y persecución política.
A finales de 2025 el gobierno anunció la liberación de 99 personas detenidas en el contexto de protestas por las elecciones de 2024, pero organizaciones independientes señalan que más de 900 personas seguirían en prisión por motivos políticos y documentan un patrón de represión que no se ha revertido.
Ecuador
Un tribunal ecuatoriano dictó sentencia contra 11 militares de la Fuerza Aérea por la desaparición forzada de cuatro adolescentes afroecuatorianos en Guayaquil, en un caso emblemático conocido como el de los «cuatro de Guayaquil».
El caso ilustra los riesgos de las estrategias de seguridad fuertemente militarizadas y la necesidad de asegurar que las fuerzas armadas respeten los Derechos Humanos en operaciones en zonas urbanas.
Colombia
En Colombia, la CIDH emitió un informe específico sobre el impacto de la violencia en los derechos humanos, documentando ataques continuos contra líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y comunidades étnicas en distintos territorios.
Guatemala
La CIDH y organizaciones locales han advertido sobre el uso abusivo del derecho penal para criminalizar a periodistas, fiscales independientes y personas defensoras de derechos humanos, así como sobre episodios de desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
Desplazamiento forzado y pueblos indígenas
La región experimenta una crisis profunda de desplazamiento forzado interno y transfronterizo.
La CIDH ha documentado numerosos casos de expulsión de comunidades indígenas de sus territorios en contextos de pobreza, violencia y criminalización de la protesta.
Las causas incluyen la expansión de economías ilícitas, el avance de proyectos extractivos sin consulta previa ni consentimiento libre e informado, la presencia de grupos armados y la incapacidad o falta de voluntad de los Estados para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia.
Los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas siguen situados en la primera línea de la violencia y, a la vez, en la primera línea de defensa de derechos colectivos y del medio ambiente, situación que refuerza su vulnerabilidad frente a ataques y represalias.
Conclusiones y recomendaciones generales
La COMISIÓN IBEROAMERICAN DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMERICAS (CIDHPDA) en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe Dr. Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, señala que existe una constante persistencia de una crisis estructural de Derechos Humanos a pesar de algunas mejoras puntuales en ciertas cifras de seguridad, México y buena parte de América Latina siguen inmersos en una crisis estructural de Derechos Humanos, marcada por desapariciones, violencia letal, ataques a periodistas y personas defensoras, tortura, violencia sexual y represión de la protesta social.
Puntualizó que la desaparición de personas forzada y no forzada continúa siendo uno de los problemas más graves, con cifras acumuladas que superan ampliamente las 100 000 personas desaparecidas en México y con incrementos importantes en entidades como la Ciudad de México.
Gutiérrez Yáñez señalo que las omisiones en la búsqueda, la falta de coordinación y la insuficiente identificación forense constituyen violaciones continuadas a los derechos de las víctimas y sus familias.
Describió que los ataques a periodistas y personas defensoras son un patrón de asesinatos y agresiones y consolida a América Latina como una de las regiones más peligrosas para quienes ejercen estas labores. La impunidad casi total en estos casos alimenta un círculo de violencia y silenciamiento.
Describió que la intervención creciente de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en varios países, incluido México, ha sido señalada por organismos internacionales como un factor de riesgo para los Derechos Humanos, en la medida en que se multiplican los casos de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
Por lo que el Comisionado para América Latina y el Caribe señala las siguientes recomendaciones generales para atender estas situaciones:
- Fortalecer la autonomía y capacidades de las instituciones de derechos humanos (como la CDHCM, las comisiones estatales y la CNDH), garantizando su independencia política y presupuestaria.
- Implementar políticas integrales de búsqueda, identificación y acompañamiento a familias de personas desaparecidas, con perspectiva de género y enfoque diferenciado.
- Adoptar e implementar efectivamente leyes y mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras, con participación activa de la sociedad civil y transparencia en la asignación de medidas.
- Reducir la militarización de la seguridad pública, fortaleciendo policías civiles bajo estrictos controles de legalidad, rendición de cuentas y formación en derechos humanos.
- Garantizar el derecho a la protesta social y revisar protocolos de actuación policial para evitar el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de
- Profundizar la implementación del acuerdo de Escazú1y otros instrumentos regionales, especialmente en lo que respecta a la protección de personas
1 El Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental pionero en América Latina y el Caribe que busca garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano, asegurando el acceso a la información, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estos temas, además de ser el primero en el mundo en reconocer y proteger a los defensores ambientales y sus derechos. Adoptado en Costa Rica en 2018, establece obligaciones para los países firmantes, como México y Colombia, de promover estos derechos y proteger a quienes trabajan por el medio ambiente, una región muy peligrosa para activistas.
Puntos clave del Acuerdo de Escazú:
- Acceso a la información: Obliga a los Estados a generar y difundir información ambiental de manera proactiva, oportuna y accesible.
- Participación pública: Garantiza que la ciudadanía pueda participar en decisiones que afectan su entorno, como proyectos o políticas ambientales.
- Acceso a la justicia: Asegura que las personas puedan acudir a tribunales cuando sus derechos ambientales son vulnerados.
- Protección de defensores: Establece medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques contra quienes defienden el medio ambiente, algo crucial en Latinoamérica, una región con altos índices de violencia contra activistas, defensoras ambientales y la participación de comunidades afectadas.
- Incorporar de manera transversal la perspectiva de género, interculturalidad y enfoque de niñez y juventudes en todas las políticas de seguridad, justicia y derechos humanos.
