- Es un espacio de reflexión, análisis y construcción colectiva, para enriquecer y fortalecer la propuesta del Ejecutivo.
Las Comisiones para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera dieron inicio a los trabajos de las “Mesas de diálogo para el análisis y formulación de propuestas respecto de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio”, enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como un espacio de reflexión, análisis y construcción colectiva de propuestas que permitan enriquecer el proyecto.
La inauguración del encuentro, que se llevó a cabo en la Antigua Casona de Xicoténcatl, fue encabezada por la senadora Martha Lucía Mícher, así como por los senadores Javier Corral Jurado y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidentes de las Comisiones dictaminadoras.
Para la realización de estos diálogos, fueron convocados legisladores locales y federales, académicos, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos y familiares de víctimas, entre otros.
La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseguró que la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, abre una oportunidad histórica para homologar el delito de feminicidio, establecer estándares nacionales de investigación, fortalecer la prevención y combatir la impunidad.
Refirió que las Comisiones recibieron 796 propuestas legislativas respecto de los 62 artículos y los 12 transitorios que integran el proyecto.
En total, precisó, 174 personas se registraron para formular propuestas concretas y a ellas se suman más de 90 personas para acompañar los trabajos de este foro; “esta pluralidad de aportaciones fortalece la deliberación y nos permite examinar a fondo la iniciativa”, destacó.
Mícher Camarena indicó que el desafío consiste en transformar esta pluralidad de perspectivas en disposiciones coherentes, aplicables, respetuosas de las competencias de cada autoridad, pues “no buscamos reunir opiniones para elaborar una memoria del foro, buscamos insumos que permitan fortalecer el contenido de la legislación”.
Destacó que en esta deliberación ocupan un lugar central las familias de las víctimas, las sobrevivientes de tentativa de feminicidio, colectivas y defensoras que durante años han acompañado casos, buscado pruebas, señalado omisiones y exigido la actuación de las autoridades.
“Esta encomienda debe colocarse por encima de cualquier diferencia política, partidista e institucional, porque es fundamental trabajar por la vida, dignidad, integridad, seguridad de las mujeres, garantizar su derecho a una vida libre de violencias y construir una respuesta del Estado que sea capaz de prevenir, investigar, sancionar y reparar”, puntualizó.
A nombre de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, lamentó que entre los problemas que persisten frente al delito del feminicidio, está el hecho de que los victimarios se “guarden” en las legislaciones de los estados para no cumplir, debido a las disparidades entre los supuestos y las sanciones.
Explicó que, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabajará en la homologación del delito con los estados, de forma organizada, para evitar vulnerar la soberanía de cada entidad, sin olvidar que a nivel legislativo se tiene una responsabilidad.
“Nunca más victimarios escondidos detrás de un estado que no haya querido hacer su tarea o que no la haya podido hacer”, advirtió.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum Pardo propone una respuesta nacional frente a la violencias feminicidas, por ello, corresponde al Senado estudiarla con alta responsabilidad y enriquecerla mediante un diálogo abierto, técnico y objetivo.
La propuesta de ley está orientada a consolidar un marco nacional que supere la fragmentación normativa, que mejore las investigaciones, proteja a las víctimas y abata la impunidad, aseguró.
“Aunque consagra grandes avances, también contiene posturas que merecen especial reflexión y representan áreas de oportunidad; en ese sentido, la tarea del Senado será mejorarla, conservar todo aquello que fortalece el acceso a la justicia, reencausar lo que pudiera producir incertidumbre y, ante todo, velar porque la ley sea eficaz y responda al mundo abrupto de los hechos”, señaló.
La respuesta del Estado, manifestó, debe iniciar con la prevención, la identificación oportuna del riesgo, la eficacia de las órdenes de protección, la reacción inmediata ante una desaparición y la atención diligente de cada denuncia; todas deberán ser atendidas con responsabilidad. Se trata de aprobar una ley a la altura de la gravedad del feminicidio que garantice protección efectiva y verdadero acceso a la justicia.
Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, sostuvo que las y los senadores están ante la gran responsabilidad de construir una ley que fortalezca la respuesta del Estado frente a la violencias feminicidas, donde se concatene la prevención, la atención y la sanción a ese delito para que las mujeres se sientan libres de violencias.
Consideró que una ley general en materia de feminicidio tendrá un verdadero alcance nacional cuando una mujer pueda acceder a un mismo estándar de protección sin importar la entidad en la que viva, lo que requiere instituciones especializadas, personal preparado, información útil, coordinación efectiva y recursos suficientes para cumplir las obligaciones jurídicas.
“La meta debe ser una ley que permita actuar antes, proteger a tiempo, investigar con rigor, sancionar con justicia y avanzar hacia la erradicación de la violencia feminicida. Eso debe ser nuestro horizonte: que todas las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a vivir libres de violencia”, enfatizó el senador.
En representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la iniciativa es un paso definitorio para superar los obstáculos que hasta ahora no han permitido culminar en una legislación que brinde un marco general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.
Refirió que son más de 37 mil las mujeres víctimas de muerte violenta, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero de 2015 y julio de 2026.
La iniciativa, afirmó, responde a un compromiso ético, moral y social al mandato constitucional de proteger los derechos humanos, abatir el delito de feminicidio y la impunidad.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, expresó que la legislación resulta de gran importancia, ya que “hoy tenemos un tipo penal fragmentado con 32 estados que regulan el feminicidio de forma diferente”.
La apuesta, indicó, es que podamos tener un tipo penal sólido, fortalecido, así como las razones de género, las agravantes y las penas.
Gómez Saracibar destacó que la iniciativa de ley plantea el Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, y prevé la articulación de políticas públicas integrales para su atención, desarrollo y acceso a la justicia, lo que es “una de las deudas más urgentes de las víctimas indirectas”.
Monserrat Matilde Rizo Rodríguez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y representante de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó que además de crear o modificar la normatividad y armonizar disposiciones jurídicas, el reto también es construir una respuesta integral del Estado para prevenir las violencias, investigar con debida diligencia, sancionar a los responsables y garantizar verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y sus familias.
Es relevante, resaltó, que la iniciativa homologa el tipo penal del feminicidio en todo el país, “pues la protección de los derechos de las mujeres se debe garantizar con independencia de la entidad federativa en que ocurran estos lamentables hechos”.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, refirió que esta ley no solo es un proyecto jurídico sino un acto de memoria, dignidad y de compromiso, pues representa un paso histórico de la presidenta Claudia Sheinbaum, “para que el Estado mexicano deje de mirar para otro lado y asuma con toda su fuerza la responsabilidad de proteger la vida de las mujeres”.
Maribel Bojorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, asentó que la obligación del Estado en el feminicidio no comienza cuando una mujer es asesinada sino con la prevención, la atención oportuna de las víctimas y con la capacidad de respuesta de las instituciones para actuar antes de que sea demasiado tarde.
Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, calificó la iniciativa de ley en materia de feminicidio como “un paso decisivo” en nuestro país, pues responde a la lucha de niñas y mujeres por su derecho a vivir seguras, además de que transformará décadas de exigencia y movilización en un estándar nacional que proteja y fortalezca las garantías de las mexicanas.
Gema Chávez Durán, coordinadora General de Investigación de Delitos de Feminicidio de la Fiscalía General de la Ciudad de México, afirmó que esta iniciativa representa un avance normativo real, por ello es de destacar que el Senado, antes de legislar, decida escuchar a quienes investigamos, litigamos, juzgamos y acompañamos estos casos día con día.
