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México puede reducir su vulnerabilidad energética sin expandir el fracturamiento hidráulico, a partir del ahorro, las fuentes renovables, la generación distribuida y la electrificación, de acuerdo con la doctora Margarita González Brambila, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco.
Durante el Foro Soberanía energética nacional: perspectivas y estrategias, la también integrante del comité técnico-científico que analiza el futuro de esta técnica en el país, contrastó los efectos ambientales, sanitarios y económicos de diversas tecnologías.
Su evaluación ubicó al carbón, el petróleo y el gas entre las opciones con mayores emisiones, frente a la eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear. Para la doctora en Biotecnología, el carbón produce 820 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt-hora; el petróleo y el diésel alcanzan entre 650 y 700.
El gas natural ronda los 490, cifra que no incorpora todas las fugas de metano vinculadas a la extracción y el transporte del hidrocarburo. La comparación incluyó el uso de suelo y agua. Los grandes embalses elevan la huella territorial de la generación hidráulica, mientras que el fracking requiere volúmenes considerables del recurso hídrico.
La energía eólica y la fotovoltaica presentan demandas reducidas en consumo de agua. Los combustibles fósiles implican un costo para la salud pública. La combustión de estos liberan partículas finas asociadas con padecimientos cardiovasculares, respiratorios, así como el cáncer de pulmón. Unos 19 millones de habitantes cocinan con leña.
Esta práctica provoca 15 mil decesos anuales por exposición a contaminantes en los hogares y afecta con mayor fuerza a las mujeres, quienes suelen asumir la preparación de alimentos. La revisión financiera favoreció a las fuentes limpias. La eólica terrestre registró un costo nivelado de 34 dólares por megawatt-hora; la fotovoltaica, 43; la hidroeléctrica, 57; el ciclo combinado, 79; el carbón, 122, y la nuclear, 181.
El territorio nacional posee irradiación solar, corredores eólicos, zonas geotérmicas y biomasa residual para ampliar su producción eléctrica. La propuesta asigna a la solar una participación de 55 a 70 por ciento y a la eólica, entre 25 y 30 por ciento, con apoyo de geotermia, bioenergía e hidroeléctricas modernizadas.
Esa ruta permitiría reducir el 80 por ciento de la energía importada, sin cancelar exportaciones. Para ello, sería necesario instalar entre 70 y 90 gigawatts (GW) de capacidad solar y sumar de 30 a 40 GW de generación por viento. Su postura frente al fracking fue contraria.
Un pozo conserva 80 por ciento de su producción en un año pierde rendimiento y, al cabo de tres años, aporta poco. Alcanzar una fracción de la autosuficiencia exigiría perforar unos dos mil pozos, además de construir carreteras, viviendas, servicios sanitarios y redes para miles de trabajadores.
El agua de retorno constituye otro riesgo. El líquido puede arrastrar sustancias usadas en la fractura, hidrocarburos y materiales radiactivos presentes en el subsuelo, como el radón. Su volumen resulta imprevisible y exige infraestructura para impedir descargas en terrenos y acuíferos.
Como alternativa, la estrategia propone mejorar la eficiencia de los edificios con iluminación y ventilación naturales, instalar sistemas solares, eólicos o de biocombustibles cerca de los puntos de consumo, y disminuir la presión sobre una red eléctrica con más de cinco décadas de operación.
La electrificación de actividades domésticas, comerciales e industriales reduciría la quema de combustibles y las emisiones de benceno, tolueno, partículas y otros compuestos nocivos. La diversificación tecnológica evitaría sustituir la dependencia del gas estadounidense por otra ligada a equipos extranjeros
