Impulsa Humberto Ambriz iniciativa para sancionar con más rigor comercialización y divulgación de información obtenida por hackeo

Política

• El legislador presentó una reforma al artículo 211 Bis 7 del Código Penal Federal para castigar el lucro y la filtración de datos sustraídos de forma ilícita.
• La propuesta busca actualizar el marco legal ante los nuevos retos tecnológicos, endureciendo las penas hasta en una mitad contra quienes trafiquen o expongan información robada de sistemas informáticos.

Con el propósito de fortalecer la protección de los datos y sistemas informáticos frente a las nuevas dinámicas delictivas, el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal. La propuesta plantea modificar el artículo 211 Bis 7 de dicho ordenamiento para incorporar expresamente la comercialización y la divulgación como agravantes directas cuando la información ha sido obtenida mediante un acceso ilícito a equipos o sistemas de informática.

El legislador priista señaló que el desarrollo tecnológico ha transformado la forma en que se maneja la información, pero también ha generado nuevos riesgos para su seguridad. Si bien el marco penal vigente castiga el acceso ilegal, la copia o la modificación de datos, la ley actual deja un vacío al no tipificar claramente las consecuencias jurídicas de las etapas posteriores, como su venta en mercados negros o su difusión masiva.

Explicó que la comercialización introduce la información en una dinámica de transacción económica, mientras que la divulgación amplía de forma nociva el daño al hacerla accesible más allá de quien vulneró originalmente el sistema.

Por ello, la reforma establece que las penas previstas en el capítulo correspondiente se aumentarán hasta en una mitad cuando los datos sustraídos sean utilizados en provecho propio o ajeno, comercializados o divulgados.

Con esta acción legislativa, el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso de actualizar el marco jurídico nacional para otorgar mayor seguridad a las instituciones, empresas y ciudadanos frente a los delitos cibernéticos y la opacidad en el manejo de datos sustraídos ilegalmente.