- En un encuentro realizado en Chiapas, personas desplazadas y acompañantes compartieron experiencias y exigieron al Estado mexicano acciones de prevención, atención integral y protección de sus territorios
El desplazamiento forzado de pueblos originarios y afromexicanos continúa siendo una realidad que vulnera la dignidad, la seguridad y los proyectos de vida de comunidades en México. Ante esta situación, la Iglesia hizo un llamado a reconocer esta problemática y fortalecer las acciones de prevención y atención integral.
Del 3 al 6 de agosto se llevó a cabo, en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el ejido Copoya, Tuxtla Gutiérrez, el primer encuentro de personas desplazadas y acompañantes de pueblos originarios y afromexicanos en condición de migración, bajo el lema «Nuestro hogar es nuestro territorio y nuestro corazón».
El encuentro fue convocado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS), a través de sus Dimensiones de Pastoral de Movilidad Humana y Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, junto con la Pastoral Social y la Pastoral de Pueblos Originarios de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.
El espacio tuvo como propósito escuchar, visibilizar y compartir experiencias de acompañamiento a comunidades desplazadas por violencia y fenómenos climáticos, así como fortalecer acciones desde la fraternidad, la esperanza y la búsqueda de justicia.
Una realidad que sigue expulsando a comunidades de sus territorios
Durante el encuentro se reflexionó sobre las distintas causas que históricamente han provocado el desplazamiento forzado interno en México, entre ellas el despojo de tierras comunales, grandes proyectos de infraestructura, actividades extractivas y, de manera particular, el control criminal de los territorios.
Las comunidades señalaron que esta última realidad continúa generando amenazas, intimidación, extorsión, desapariciones, trata de personas, asesinatos y otras formas de violencia que obligan a familias y pueblos a abandonar sus lugares de origen.
De manera especial, se alertó sobre el reclutamiento forzado de jóvenes y miembros de las comunidades, situación que profundiza la vulnerabilidad de quienes viven en territorios afectados por la violencia.
Frente a estas circunstancias, quienes participaron en el encuentro reafirmaron el valor del territorio como espacio de identidad, memoria, pertenencia y vida comunitaria, así como el derecho de las personas a permanecer en él o desplazarse sin ser víctimas de violencia.
Llamado a garantizar una vida digna
Como conclusión del encuentro, los participantes hicieron un llamado al Estado mexicano para que reconozca de manera explícita la existencia del desplazamiento forzado interno y asuma la responsabilidad que le corresponde frente a esta realidad.
Asimismo, solicitaron la creación y fortalecimiento de un marco jurídico y de políticas públicas de prevención y atención integral para las personas y comunidades afectadas.
Desde una mirada de fe, el encuentro también reafirmó el compromiso de acompañar a quienes atraviesan estas situaciones y de mantener viva la esperanza, la solidaridad y la defensa de la vida y del territorio.
«Queremos una tierra y territorio donde habiten la justicia, la paz y la defensa de los débiles», expresa el documento conclusivo del encuentro.
El comunicado fue suscrito por Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de Las Casas; el Pbro. Mtro. Gilberto Hernández García, de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez; Mons. José Hirais Acosta Beltrán, obispo de Huejutla y presidente de la Dimensión Episcopal para la Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos; Mons. Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de Matamoros-Reynosa y presidente de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana; y Mons. Engelberto Polino Sánchez, obispo de Tepic y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social-Cáritas Mexicana.
