- Un jefe de la pandilla 400 Mawozo, buscado por el FBI con una recompensa de un millón de dólares, ha pedido a la ONU que medie para abrir un diálogo y afirma haber «izado la bandera blanca», mientras El Salvador despliega más de 2000 soldados al margen de la misión internacional que apoya la ONU.
Un jefe de pandilla haitiano buscado por las autoridades estadounidenses solicita la mediación de las Naciones Unidas, mientras el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, despliega más de 2000 soldados en la isla para combatir a las bandas criminales. En ambos casos, la ONU toma distancia y precisa que los nuevos refuerzos escapan al dispositivo internacional que ella apoya.
Es un paso cuanto menos inusual. Wilson Joseph, uno de los jefes de pandilla más temidos de Haití, ha enviado una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para reclamar la apertura de un diálogo con las fuerzas internacionales presentes en el país. Joseph, apodado Lanmò Sanjou, dirige la pandilla 400 Mawozo, conocida en particular por sus secuestros. Ahora se presenta como un interlocutor dispuesto a negociar la paz.
La ONU confirmó el lunes por la noche haber recibido la misiva, aunque se apresuró a tomar distancia. «La recepción de una carta de este tipo no constituye ni una aprobación de su contenido, ni un reconocimiento de su autor, ni una toma de posición de las Naciones Unidas», precisó Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General, en una nota a la prensa.
Esta prudencia se produce después de que El Salvador enviara importantes refuerzos militares a Haití, tras la desaparición de cuatro de sus nacionales en una emboscada tendida por grupos armados el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.
Las personas secuestradas estaban desplegadas en la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), el contingente internacional apoyado por la ONU destinado a ayudar a Haití a luchar contra las bandas que actúan en su territorio.
Un jefe de pandilla que reclama una mediación
En su carta, Joseph pide el envío de una delegación de las Naciones Unidas para entablar conversaciones con su grupo. Según la prensa, que ha tenido acceso a la carta, el jefe de la pandilla afirma haber «izado oficialmente la bandera blanca» desde el 20 de agosto y se declara dispuesto a buscar una salida pacífica a la crisis haitiana.
El jefe de la pandilla temería que la intervención salvadoreña provoque una multiplicación de las represalias contra los civiles. Según él, los cuatro salvadoreños desaparecidos habrían muerto. Las autoridades haitianas los consideran todavía desaparecidos, mientras que el Gobierno salvadoreño estima que siguen vivos.
La postura conciliadora de Wilson Joseph contrasta con el pasado de su organización. Implantada en particular en Croix-des-Bouquets, al noreste de la capital Puerto Príncipe, 400 Mawozo se distinguió por una serie de secuestros, incluido el de 17 misioneros originarios de Estados Unidos y Canadá en octubre de 2021.
El FBI ofrece una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que permita la detención de Joseph.
Una intervención militar fuera del marco de la ONU
La otra aclaración aportada por el portavoz del jefe de la ONU se refiere a la magnitud del despliegue salvadoreño actual en Haití. Según la prensa, el presidente salvadoreño desplegó a finales de octubre más de 2000 soldados en la isla, con el visto bueno de Washington, y su número podría alcanzar los 2500.
Nayib Bukele presentó esta operación como una misión de rescate destinada a encontrar a sus cuatro compatriotas. En su nota a la prensa, Dujarric subrayó una distinción esencial: la gran mayoría de estos militares no depende de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), la misión multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad, aunque no es de la ONU, en septiembre de 2025.
Escapan, por tanto, al mandato y a los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), la estructura encargada de proporcionar apoyo logístico y operativo a la FRG.
Esta situación complica la intervención extranjera en la isla. La FRG, cuyo mandato fue prorrogado a finales de septiembre hasta el 31 de marzo de 2027, debe apoyar a las fuerzas haitianas frente a las bandas criminales.
Pero sus efectivos siguen siendo inferiores a los 5500 efectivos inicialmente autorizados. La ofensiva salvadoreña constituye también una prueba internacional para el presidente Bukele, cuya política de lucha contra las pandillas ha reducido considerablemente la criminalidad en su país, a costa de encarcelamientos masivos y graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos.
Los civiles, primeras víctimas
Ante la escalada de la violencia de las pandillas en Haití desde el 18 de octubre, la ONU recuerda que todas las operaciones de seguridad, ya sean llevadas a cabo por la FRG o por las autoridades haitianas y sus socios, deben respetar el derecho internacional, en particular los derechos humanos y el derecho humanitario.
«El respeto de estas obligaciones, así como la transparencia y la obligación de rendir cuentas, siguen siendo esenciales para mantener el apoyo internacional y garantizar la protección de la población», insistió Dujarric.
Porque la urgencia es real. Según las Naciones Unidas, más de 5700 personas han muerto o resultado heridas entre enero y mediados de septiembre, mientras que cerca de 1,5 millones de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares.
En un país donde las pandillas siguen desafiando al Estado a pesar de las sucesivas intervenciones internacionales, la ONU se encuentra así ante una doble dificultad: responder a los llamados al diálogo sin legitimar a los jefes de grupos armados, y apoyar el restablecimiento de la seguridad sin ejercer control sobre el conjunto de las fuerzas extranjeras comprometidas sobre el terreno.
FUENTE ONU