• Miguel Riquelme señaló que la estrategia es una simulación desconectada del país real, con cifras alarmantes, policías locales abandonadas y un modelo militarizado que pasará a la historia por su fracaso.
• Néstor Camarillo Medina subrayó que “perdieron los abrazos y ganaron los balazos”, al denunciar que la estrategia fortaleció a los delincuentes y dejó en el abandono a las víctimas.
• Carolina Viggiano denunció que la estrategia de seguridad es una farsa reciclada, con cifras maquilladas y una Guardia Nacional militarizada que no puede investigar delitos.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado rechazó con firmeza la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, al considerarla una repetición fallida de políticas ineficaces, sin diagnósticos reales, sin metas cuantificables, sin cronograma, sin presupuesto coherente y sin voluntad de corregir.
Desde tribuna, los senadores Miguel Ángel Riquelme, Néstor Camarillo y Carolina Viggiano expresaron duras críticas contra un proyecto que, acusaron, maquilla cifras, oculta la violencia y normaliza el dolor de las víctimas.
El senador Miguel Ángel Riquelme Solís fue contundente al denunciar que el documento fue entregado con dos meses de retraso. “Es una visión ajena a la realidad de quienes se enfrentan a diario a asaltos, extorsiones y la pérdida de sus seres queridos sin justicia. Una realidad donde las tragedias acumuladas no pueden seguir siendo maquilladas por políticas de seguridad que callan el dolor y ocultan la sangre derramada”, sentenció.
Riquelme advirtió que “la política de abrazos y no balazos ha demostrado ser un rotundo fracaso, ha socavado la gobernabilidad y ha sembrado el miedo en la sociedad mexicana”. Recordó que esta estrategia ha dejado más de 200 mil homicidios dolosos, cerca de 60 mil desaparecidos y más de 3 mil fosas clandestinas. Además, criticó que el Gobierno federal siga debilitando a las policías municipales y estatales —las que enfrentan el 90% de los delitos del fuero común—, mientras se centraliza el poder en la militarización y se recortan recursos clave como los del Centro Nacional de Inteligencia.
“Esta mayoría legislativa pasará a la historia no por sus logros, sino por sus errores. No solo vamos a votar en contra: vamos a denunciarla, exhibirla y exigir que se replantee completamente”, advirtió.
Por su parte, el senador Néstor Camarillo Medina subrayó que “perdieron los abrazos y ganaron los balazos”, al denunciar que esta estrategia solo ha beneficiado a los delincuentes, mientras las madres buscadoras siguen preguntando hasta cuándo el Gobierno les va a hacer caso.
“Hoy no hay un solo programa del Gobierno federal que atienda las demandas de los policías municipales y estatales. Se eliminaron programas como el FORTASEG, que apoyaba a zonas con alta violencia. En lugar de combatir la inseguridad, la han alimentado con más centralismo, más militarización y menos voluntad”, criticó.
Camarillo hizo un llamado a replantear el modelo actual: “México está ardiendo en llamas. Nosotros sí queremos construir, pero con datos reales y acciones responsables. El Gobierno no puede seguir culpando al pasado para justificar su fracaso”.
La senadora Carolina Viggiano Austria remató con una denuncia precisa: esta estrategia no es nueva, “es la continuación de una estrategia fallida”. Aseguró que el Ejecutivo federal no cuenta con una policía civil efectiva y que la Guardia Nacional ha sido absorbida por la estructura militar, lo que “debilita su capacidad para actuar con enfoque ciudadano y con controles democráticos”.
Viggiano también alertó sobre las irregularidades en las cifras oficiales: “Se están ocultando homicidios bajo el rubro de causas no determinadas. Se disgregan feminicidios para que no se sumen al total. Se maquillan cifras y se manipula la narrativa. Incluso el renglón de muertes por causas no identificadas en la Ciudad de México fue tres veces mayor al promedio nacional durante el gobierno de Claudia Sheinbaum”.
Finalmente, cuestionó la legalidad operativa de la Guardia Nacional: “No puede investigar delitos, no tiene facultades ministeriales, no puede asegurar evidencias ni realizar diligencias judiciales. Su papel en la justicia penal es tan marginal que muchas detenciones se caen por fallas procesales”.
