- Representa más de 17 mdp adicionales respecto al presupuesto de 2026
- La bolsa global de subsidios para Centros de Justicia, alertas y refugios sube de 781.2 mdp del ejercicio 2026 a 812 mdp para el siguiente año
- Los recursos refrendan el compromiso de fortalecer estos espacios de protección y atención integral para mujeres, quienes con sus hijas e hijos tienen derecho a una vida libre de violencia
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, fortalece su compromiso con la prevención, atención y eliminación de la violencia de género. Como parte de esta estrategia, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla destinar 532.6 millones de pesos (mdp) a los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, lo que representa más de 17 millones adicionales respecto a los 515.03 mdp del presupuesto original de 2026.
La titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que, en forma adicional, la partida correspondiente a subsidios sube de 781.2 mdp del ejercicio 2026 a 812 mdp para el siguiente año. Precisó que este monto se distribuye entre tres componentes: los refugios, los Centros de Justicia y alertas de género.
Este incremento nominal “refleja el esfuerzo financiero de esta administración para fortalecer los mecanismos institucionales de protección y garantizar que las mujeres que enfrentan situaciones de violencia cuenten con espacios seguros a los cuales acudir para salvaguardar su vida e integridad”, detalló.
Expuso que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido muy clara en la instrucción de cerrar filas para eliminar las violencias hacia las mujeres. Por eso, los refugios desempeñan un papel fundamental. Son espacios especializados que brindan protección a las mujeres que, por la gravedad de las agresiones que enfrentan, necesitan alejarse de entornos de violencia y ponerse a salvo junto con sus hijas e hijos.
Este esfuerzo presupuestal se acompaña de una ampliación de las acciones de protección: mientras que en 2025 la Secretaría de las Mujeres apoyó la operación de 99 refugios y Centros Externos de Atención en 29 entidades federativas, en 2026 lacobertura creció a 131 espacios especializados en 30 entidades federativas, lo que representa 32 refugios adicionales respecto al año anterior.
Los refugios ofrecen una atención integral y especializada. Contribuyen a que las mujeres puedan recuperar su autonomía, fortalecer sus capacidades y reconstruir sus proyectos de vida en condiciones de seguridad y dignidad. Asimismo, permiten proteger a las hijas e hijos de las mujeres que enfrentan las consecuencias de la violencia en sus hogares.
Por ello, garantizar los recursos para su funcionamiento y fortalecer su capacidad de atención es una responsabilidad institucional y una condición indispensable para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres. Cada recurso destinado a estos espacios contribuye a sostener un conjunto de acciones que puede marcar la diferencia entre permanecer expuestas a la violencia o contar con alternativas para salir de ella.
El incremento previsto para 2027 forma parte de una política pública que coloca la atención de las causas y la eliminación de las violencias contra las mujeres entre las prioridades del Gobierno de México. Esta política requiere acciones coordinadas, instituciones con capacidad de respuesta y recursos públicos que permitan convertir los compromisos en resultados concretos.
En este sentido, la proyección presupuestal también expresa una visión de Estado: garantizar que ninguna mujer que necesite protección se quede sin alternativas para salvaguardar su vida y la de sus hijas e hijos. La atención de las violencias no puede limitarse al reconocimiento de los derechos; requiere condiciones materiales, servicios especializados y espacios que hagan posible ejercerlos, subrayó Castillo Juárez.
El Gobierno de México refrenda así su compromiso de avanzar hacia un país donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia, con seguridad, autonomía y pleno ejercicio de sus derechos. Un compromiso que se demuestra con acciones y se traduce en recursos públicos destinados a proteger sus vidas y construir condiciones para su bienestar.



