Javier Divany Bárcenas
El despojo habitacional registrado en la calle de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, ha trascendido fronteras, donde el Senado de la Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Gobierno de la Ciudad de México, tomarán cartas en el asunto, para evitar abusos y delitos por parte de grupos delictivos.
Al grado de que el tema escaló a la agenda nacional luego de que el Senado de la República advirtiera que el delito de despojo se ha convertido en una de las principales amenazas para el patrimonio de miles de familias mexicanas.
Legisladores alertaron sobre el crecimiento de este fenómeno y señalaron la necesidad de reforzar las acciones institucionales para combatir una práctica que, en la capital del país, ha dejado más de 25 mil denuncias en los últimos años y un número de detenciones muy inferior a la magnitud del problema.
En ese contexto, el expediente de República de Cuba 11 se ha convertido en uno de los casos más representativos de la crisis de despojos, al reflejar las dificultades que enfrentan los legítimos propietarios para recuperar plenamente sus inmuebles, incluso después de resoluciones judiciales y operativos de recuperación.
Desde la jefatura del Gobierno capitalino, al mando de Clara Brugada Molina, el inmueble permanecerá bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para impedir una nueva ocupación ilegal, y se prevé una reunión con las personas afectadas para revisar personalmente el avance del caso y definir una ruta que permita alcanzar una solución definitiva.
Como parte de la estrategia para frenar este delito, el Gobierno de la Ciudad de México fortaleció los mecanismos de protección registral encabezados por Héctor Muñoz Ibarra, director general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, quien impulsa acciones para cerrar el paso al uso de documentos apócrifos, inscripciones irregulares y otros mecanismos utilizados para consumar despojos inmobiliarios.
La atención directa de Clara Brugada Molina y el interés mostrado desde el Senado de la República colocan al caso de República de Cuba 11 como uno de los expedientes emblemáticos en la lucha contra los despojos, con la expectativa de que su resolución siente un precedente para fortalecer la certeza jurídica y garantizar la protección del patrimonio de las familias capitalinas.