Garantizar que las personas que aspiran a cargos de elección popular en representación de los pueblos y comunidades indígenas cuenten con su respaldo legítimo y evitar la usurpación de los espacios destinados a su participación política, son algunos de los desafíos que enfrenta la justicia electoral, señaló la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la octava edición del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana, realizada en Hueyapan, Morelos, la magistrada destacó la importancia de respetar la autoadscripción calificada y de asegurar que quienes accedan a los espacios de representación indígena acrediten su vínculo con las comunidades a las que buscan representar.
“No solamente a través de los partidos políticos se vive la representación indígena”, expresó al señalar que la participación política de los pueblos y comunidades también se sustenta en el reconocimiento de sus formas de organización y el derecho a contar con representantes legítimos.
Valle Aguilasocho subrayó que la representación política es fundamental para que los pueblos y comunidades indígenas incorporen sus aspiraciones y necesidades en la legislación, el diseño de políticas públicas y la asignación de recursos que permitan desarrollar sus proyectos colectivos y planes de vida.
En este sentido, llamó a reflexionar sobre los mecanismos necesarios para superar las prácticas de exclusión y generar condiciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las personas indígenas, tanto dentro como fuera de sus comunidades y en los ámbitos municipal, estatal y federal.
El reconocimiento constitucional del carácter pluricultural y multiétnico de México, puntualizó, exige políticas institucionales que incorporen la interculturalidad en la impartición de justicia y reconozcan las distintas realidades en las que las personas ejercen sus derechos.
En el acto inaugural, participaron además el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Morelos, Alfredo Javier Arias Casas; la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, Ixel Mendoza Aragón; integrante del pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), José Alberto Gallegos Ramírez; la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana Mireya Gally Jordá, y el encargado de despacho de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Eginardo Hernández Andrés.
En su intervención, la magistrada Mendoza Aragón mencionó que hablar de acceso a la justicia significa hablar de personas, historias de vida y realidades que, en muchas ocasiones, colocan a determinados sectores de la sociedad en condiciones de desventaja frente a las instituciones y al propio sistema de justicia, por lo que resaltó la importancia de reconocer que toda persona debe tener la oportunidad de ser escuchada, orientada, defendida y representada.
A su vez, el integrante del pleno del OAJ precisó que de las 25 casas de Asesoría Jurídica Intercultural que el Poder Judicial de la Federación prevé abrir en el país, la de Hueyapan es la primera que cuenta con la defensoría electoral y confió en que, con el respaldo del TEPJF, se abrirán más espacios con este servicio en otras comunidades.
En tanto, el magistrado Arias Casas compartió que el estado de Morelos ha sido pionero en materia de acciones afirmativas encaminadas a la participación y reconocimiento pluricultural en los procesos electorales locales, y es la primera entidad federativa en realizar una consulta pública a las comunidades indígenas bajo los estándares internacionales requeridos.
La Defensoría Pública Electoral brinda servicios de asesoría especializada, gratuita y pública a todas las personas que lo necesiten y pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a grupos de atención prioritaria, y mediante el programa de atención itinerante, ha visitado comunidades de Campeche, Chihuahua, Durango y Veracruz.
