- Primer avance operativo anti 4T
Urbano Barrera
El ‘narcogobierno’ de la 4T en Sinaloa podrá estar desmoronándose, sus operadores sentenciados en Nueva York, Brooklyn y Chicago, Estados Unidos; sus alfiles extraídos, muertos o desaparecidos, pero desde la presidencia el discurso político-ideológico será: “¡Pruebas, pruebas, pruebas!”
Alguien tiene que decirle a su líder moral Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum que el proceso contra el general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, es el primer avance operativo contra el ‘Estado Criminal’ en México.
Apenas el Departamento de Justicia reveló la lista de diez nombres encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y van dos generales y un alto funcionario ‘militar’ en desgracia. Pero no se reconoce la crisis, porque ahí empezará el declive formal de la Cuarta Transformación.
El primer caso, ampliamente conocido: Mérida Sánchez en Sinaloa; le sigue en Zacatecas el general Brigadier Isaac Bravo López, comandante de la Décima Primera Zona Militar con sede en el municipio de Guadalupe.
El arribo del también general Brigadier, Armando Toscano Yáñez, trata de evitar una crisis en el instituto armado.
Al general Bravo López se le imputa —en Estados Unidos— ser: uno más de los empleados castrenses de ‘El Mayito Flaco’, del ‘Cártel de Sinaloa’ fracción Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
El Departamento de Justicia tiene la mirada dirigida además hacia el estado de Coahuila, directamente contra Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, egresado de la Escuela de Oficiales de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea ubicado en el Colegio Miliar de la Ciudad de México.
El arresto de Mérida Sánchez eleva la presión sobre el gobierno mexicano, que había cuestionado públicamente la suficiencia probatoria de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los documentos recibidos “no cuentan con elementos de prueba” suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados y los turnó a la FGR para su evaluación, solo que ahora la indagatorias están superadas por las entregas ‘voluntarias’ de los operadores ante Cortes de los Estados Unidos de América.
El caso es políticamente sensible porque coloca bajo escrutinio a mandos civiles, policiales y militares que ocuparon posiciones estratégicas en diferentes entidades de la República Mexicana.
Además, el aparato de procuración de justicia federal (FGR) queda inutilizado por las cortes federales de país de las barras y las estrellas que se erigen como un ente de ‘Justicia Internacional’
Tan pronto se evidenció a Isaac Bravo López en Zacatecas se movieron los hilos del crimen organizado en la entidad integrada por 58 municipios gobernada por David Moreal Ávila (1 oct. 2021 al 30 sep. 2027).
Lo primero que resurgió fue el nombre Juan José Zamora Salas ‘El Zorco’ uno de los principales ‘Huachicoleros’ en el municipio General Pánfilo Natera, hermano de quien fuera diputado federal Gilberto Zamora Salas.
A ‘El Zorco’ se le mencionaba en investigaciones hechas por la Sección Segunda (S2) Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y también se evalúa hasta donde llegaron sus relaciones políticas.
En la misma entidad trascendió la implicación de mandos policiacos en los municipio Fresnillo, Troncoso, Jalpa, Jerez, Loreto y en la propia capital estatal.
Conforme avanzan los 60 días de ley para que Estados Unidos formalice la extradición del ‘Grupo de los Diez’ (G10), se deslizarán pruebas, datos y nombres de cómo están integradas las redes político-empresariales con la delincuencia organizada.
Una vez que se presente el pliego de extradición, la apuesta será exhibir las redes delincuenciales y los posibles vínculos de políticos y personajes en 24 entidades mexicanas gobernados por Morena, además de los casos más emblemáticos de políticos metidos en el manejo sucio de recursos, debido a que el ámbito internacional no respeta figuras legales regionales como el fuero.
Es sabido que las investigaciones que hacen los agentes de la DEA, el FBI y la CIA pueden durar hasta diez años, para que al momento de los señalamientos se cuenta con pruebas suficientes, documentos, videos, testimonios de testigos protegidos e informantes dentro y fuera de México.
En el engranaje civil y militar no quedarán fuera los actores de los ocho estados de oposición a Morena, pues se filtrarán datos de quiénes, cómo y cuáles son los negocios sucios en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).
Lo mismo que, en Coahuila y Durango, donde gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Nuevo León y Jalisco donde toma fuerza Movimiento Ciudadano (MC).
Por lo pronto, la pregunta es: ¿Quién de la 4T asumirá formalmente la defensa del G10.
Mérida Sánchez forma parte del expediente presentado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya, otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, acusados de delitos relacionados con narcotráfico y colusión con el ‘Cártel de Sinaloa’.
La acusación estadounidense sostiene que Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de ‘Los Chapitos’ durante 2023 y 2024, cuando encabezaba la seguridad pública estatal, a cambio de no interferir en sus operaciones de tráfico de drogas.
El caso quedó conectado directamente con el expediente Rocha Moya, porque la fiscalía estadounidense acusa a una red de políticos y mandos de seguridad de Sinaloa de haber protegido a la facción de ‘Los Chapitos’ del ‘Cártel de Sinaloa’, a cambio de apoyo político y sobornos.
Apenas una semana antes, un juez federal en Michoacán había concedido a Mérida Sánchez una suspensión para frenar una posible detención o extradición desde México a Estados Unidos; la detención reportada ocurrió, sin embargo, en territorio estadounidense.
La acusación del Departamento de Justicia atribuye a Mérida Sánchez tres cargos: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Según la tabla de cargos, esos delitos podrían implicar cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión si hubiera condena.
El expediente estadounidense sostiene que Mérida no sólo habría omitido detenciones de integrantes de ‘Los Chapitos’, sino que también habría dado aviso previo de operativos de autoridades contra laboratorios de drogas.
En particular, la acusación afirma que, en 2023, habría alertado sobre al menos 10 redadas, lo que habría permitido evacuar personal y drogas antes de las acciones policiales. ¿Así o más pruebas? Las documentales llegarán el próximo mes de julio, incluso videos. Así o más claro, diría Don Andrés, cuando mandaba mensajes entre líneas en sus mañaneras…
