Claudia ‘juega con fuego’
Urbano Barrera
La presidenta Claudia Sheinbaum ‘juega con fuego’ y provoca, poco a poco, un distanciamiento con las Fuerzas Armadas.
Su débil gobierno descansa en el respaldo de la clase castrense, pero en ellos ya hay una marcada molestia porque se les amaga y retiran importantes prestaciones económicas.
Ahora la incertidumbre entre los militares se genera por el Decreto al Artículo 25 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Y es que, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido alarmas entre el personal en situación de retiro, mismos que tienen a sus familiares en el activo.
Aunque la reforma promete agilizar la homologación de haberes, expertos y afectados advierten un vacío legal crítico: la falta de una garantía de “retroactividad” en los pagos.
Así, el nuevo decreto, publicado el 20 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el ISSFAM aplicará los incrementos a las pensiones, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notifique oficialmente los aumentos autorizados para el personal en activo.
Solo que el decreto no toca, para nada, la frase: “de manera retroactiva”, concepto que -es de destacarse- sí aparece en la redacción del artículo 25 del reglamento que estuvo vigente hasta el 19 de marzo de este 2026.
Esta supuesta omisión, tiene implicaciones de fondo: si Hacienda tarda meses en notificar al Instituto, el personal en retiro podría perder el pago de esos meses previos.
En el entendido de que el nuevo reglamento firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no obliga al pago retroactivo.
El riesgo es que se institucionalice “el retraso”, aseguran los militares, quienes están molestos por esta situación y muchas más ocurridas desde el inicio del régimen de la Cuarta Transformación, donde se le ha encomendado cientos de trabajos que corresponden a las autoridades civiles.
“Si el decreto no dice que se pagará retroactivo, el ISSFAM podría argumentar que su obligación comienza solo a partir de que recibió el aviso de Hacienda, dejando al retirado en un limbo financiero por varios meses”, aseguran los afectados.
Aunque la presidenta Sheinbaum ha reiterado que las Fuerzas Armadas mantienen sus beneficios, la ambigüedad en el Artículo 25 sugiere una estrategia para contener el gasto inmediato por concepto de pagos retroactivos masivos, los cuales suelen representar una carga pesada para el presupuesto federal al cierre de cada ejercicio.
Se habla de recursos que impactan a una población de 1.4 millones de personas, mientras que en el activo (Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional) existe una población de 317 mil 724 elementos.
La Secretaría de Marina en el registro oficial más reciente contabiliza 29 mil 105 elementos, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (con fluctuaciones mensuales) sostiene una población de más de 3.3 retirados, pensionistas y derechohabientes por cada militar en activo.
La viabilidad financiera de las pensiones y haberes de retiro, está respaldada por el Gobierno Federal. Esto es, los beneficios médicos y económicos, como el ajuste anual de sus haberes que recientemente incluyó un incremento de 4 por ciento están amenazados.
Ante ello, organizaciones de militares retirados ya evalúan la presentación de amparos, argumentando que la omisión de la retroactividad viola el principio de igualdad y los derechos adquiridos.
Para miles de familias que dependen de estas pensiones, la diferencia entre un pago corriente y uno retroactivo no es un tecnicismo, sino la capacidad de cubrir deudas acumuladas por la inflación.
Por ahora, el decreto queda como una espada de doble filo: agiliza el trámite, pero deja la puerta abierta a que los meses perdidos en la burocracia de Hacienda nunca lleguen al bolsillo de quienes sirvieron al país con lealtad e institucionalidad.
