Trata, otro mal institucional
Urbano Barrera
El gobierno de Donald Trump abrirá otro frente para reclamar a México su inacción en el terreno de la criminalidad. Ahora, pedirá que se hagan verdaderos esfuerzos con la trata de personas, la explotación laboral de menores y el turismo sexual.
Y es que, cada año el gobierno vecino del norte extiende una ayuda externa global por 63.9 millones de dólares para México.
Del capital liberado en el año fiscal 2025, más del 97 por ciento se destinó a propósitos económicos y de desarrollo, pero también se han enviado importantes recursos para seguridad.
Bajo esquemas como la Iniciativa Mérida y el Marco Bicentenario posterior, en los últimos años se han destinado más de 3 mil millones de dólares para fortalecer el estado de derecho, combatir el crimen transnacional y la violencia.
Al evaluar el terreno de la ‘trata de personas’ se encontró que México se mantiene en el Nivel 2, lo que indica que el gobierno mexicano realiza esfuerzos significativos para combatir la trata, pero aún no cumple plenamente con todos los estándares mínimos de eliminación.
Está a la par de naciones como: Albania, Guinea, Malawi, Arabia Saudita, Angola, Malasia, Senegal, Antigua y Barbuda, Etiopía, Malí, Serbia, Armenia, Aruba, Gambia, Sierra Leona, Azerbaiyán, Grecia, Mauritania, Eslovaquia, Bangladesh, Guatemala, Belice, Guinea, Sri Lanka, Benín, Guinea, Suiza, Honduras, Bosnia y Herzegovina, Hungría y Mongolia.
O como: Tanzania, India, Tailandia, Marruecos, Bulgaria, Irak, Mozambique, Irlanda, Nueva Zelanda, Tonga, Burundi, Italia, Níger, Trinidad y Tobago, Cabo Verde, Jamaica, Nigeria, Túnez, Camerún, Japón, Turquía Colombia, Omán, Costa Rica, Pakistán, Uganda, Kenia, Croacia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Paraguay, Uruguay, Perú, República Dominicana, Líbano, Portugal, Ecuador, Vietnam, Egipto, Rumania, El Salvador y Madagascar.
No llega a niveles de aplicación de la ley y erradicación de trata de personas como en Argentina, Islandia, Singapur, Australia, Dinamarca, Israel, Austria, Estonia, Corea, España, Bahamas, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Suecia, Bélgica, Taiwán, Canadá, Alemania, Noruega, Reino Unido, Chile, Filipinas, Estados Unidos de América y Polonia.
En México hay verdaderas industrias de trata y exportación ilícita de mujeres, niñas, niños para la prostitución y el turismo sexual; trabajo forzado, integrar filas del crimen organizado y mendigar en las calles.
En breve se exigirá se legisle para imponer penas más severas y que los agentes del Ministerio Público y los jueces cumplan con su trabajo. No manipular procedimientos y procesos por intereses particulares.
Ello, porque en México, como en muchos ámbitos, no hay consecuencias y penas severas. Para la trata de personas, las penas van de 5 a 30 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Pese a que la ley es muy clara, debido a la gravedad y la modalidad del delito, las sanciones generales promedio se castigan con prisión de 5 a 15 años y de mil a 20 mil días multa.
Respecto a la explotación laboral, quien cometa dicho delito (incluyendo jornadas de trabajo que excedan de manera permanente los límites legales) recibe una pena de 3 a 10 años de prisión y de cinco a 50 mil días multa (con penas mayores de 4 a 12 años si la víctima pertenece a pueblos indígenas o afromexicanos).
Son penas que con la corrupción casi siempre se evitan, por lo que se genera espacios para la esclavitud y modalidades graves. En casos como la esclavitud, las penas aumentan de 15 a 30 años de prisión, cuando esto ya tendría que estar superado a nivel nacional.
El delito contra menores o producción de material de abuso, si se involucra a menores de 18 años o personas sin capacidad para comprender o resistir el hecho con fines sexuales o de exhibicionismo, las penas van de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa. Pero muy pocas veces se imponen.
Una agravante destaca, sí el responsable es servidor público o integrante de corporaciones de seguridad o de justicia, solo que en este campo no se avanza en nada. Es secreto a voces que funcionarios y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y diversas corporaciones de seguridad apadrinan a las mafias de trata de personas.
En este momento, más de 250 diputados están preocupados por quedar otro periodo en sus curules y garantizar sus bonos de fin de año y aguinaldo; cuando una prioridad es reforzar las leyes para: prohibir formas graves de trata de personas y castigar los actos de dicha trata, prescribir un castigo acorde y suficiente tratándose de delitos graves, como la agresión sexual con fuerza; realizar esfuerzos serios y sostenidos para eliminar las formas graves de trata de personas, imponer penas severas de prisión a las personas condenadas por tales actos.
Además, protege a las víctimas de formas graves de trata de personas, adoptar medidas para prevenir formas graves de trata, como difusión de información y educación al público, incluidas las posibles víctimas.
Ampliar la cooperación con otros gobiernos en la investigación y el enjuiciamiento de las formas más graves de trata, agilizar los procesos de extradición, supervisar los patrones de inmigración y emigración en busca de indicios, investigar y procesar en forma rigurosa a funcionarios públicos, incluidos diplomáticos y militares, que participan o facilitan formas graves de trata de personas.
