Jugada maestra
Urbano Barrera
El 11 de mayo de 2026 el general Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de seguridad pública en Sinaloa, hizo una ‘jugada maestra’ al entregarse en forma voluntaria ante el gobierno de los Estados Unidos de América.
Primero: salvo su vida, pues el haber permanecido en México era un hecho que sería asesinado, para que no hablara e hiciera tambalear a la clase política y a la naciente oligarquía del morenato.
Segundo: puso en jaque a los narcopolíticos de la ‘Cuarta Transformación’, coludidos todos con el crimen organizado.
Tercero: estaría en posibilidad de informar a una Corte Federal en Nueva York, quiénes, con nombre y apellido, están metidos en el tráfico de drogas, blanqueo de dinero y trasiego de armas.
Cuarto: castigó las traiciones y a los traicioneros del ‘Cártel de Sinaloa’.
Quinto: entregó información y expedientes al gobierno del presidente Donald Trump sobre múltiples operaciones encubiertas, relaciones insanas con el crimen organizado y la protección institucional de políticos, empresarios y personajes en ambos lados de la frontera.
Sexto: limpiará el nombre de las Fuerzas Amadas al argumentar que actuaba como un agente encubierto para saber hasta el mínimo detalle del ‘Cártel de Sinaloa’, sus operadores y hasta donde están involucrados el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El general, sabía que el mayor riesgo estaba antes de cruzar la frontera de Sonora y llegar al estado norteamericano de Arizona.
Ya en manos del US Marshals sabe que tiene que negociar su estatus, al ahondar en el proceso que se desahoga en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.
A las autoridades vecinas les tendrá que confirmar si aceptó o no, los más de cien mil dólares mensuales en efectivo a cambio de proporcionar información de primera mano a ‘Los Chapitos’ durante 2023 y 2024.
Es innegable que habría interferido con operaciones de narcotráfico, no habría detenido a integrantes de esa facción y presuntamente habría dado avisos anticipados sobre operativos policiales.
Aceptará que en 2023 habría advertido con antelación de al menos 10 redadas en laboratorios de drogas, lo que habría permitido evacuar personal y drogas.
Todo ello es pecta minuta frente a lo que aporte sobre la red política mexicana detrás del crimen organizado, sobre quien protegía a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a sus hijos, familiares y amigos.
Lo mismo que a Ismael ‘El Mayo’ Zambada antes de la fractura y lucha intestina entre ‘La Chapiza’ y ‘La Mayiza’.
Pregunta obligada será cuál era la relación con el Gobernador Rubén Rocha Moya, con senadores, diputados, alcaldes, secretarios de Estado, empresarios, banqueros y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, si están metidos en la jugada los hijos de Andrés Manuel López Obrador, familiares y ‘amigos’ con calidad de hermanos como Adán Augusto López Hernández imputado de proteger a integrantes de ‘La Barredora’ célula criminal del ‘Cartel de Jalisco Nueva Generación’.
Cuál fue la participación del crimen organizado en los procesos electorales y quienes son los funcionarios de nivel estatal y municipal que todavía sirven al narcotráfico y crimen organizado.
Cierto, para la Cuarta Transformación, era más importante que Mérida Sánchez, estuviera muerto, sería un número más, en las ‘decrecientes’ y manipuladas estadísticas.
Podría haberse simulado un accidente automovilístico, un disparo en un entrenamiento, una venganza obvia de afectados, un suicidio de cinco balazos o simplemente, muerte natural por tanto estrés y por no comer pejelagarto, tortilla de ajo o agua de matalí, como su gran amigo.
Hay versiones que señalan que el gobierno de Estados Unidos interceptó comunicaciones en donde se ordenaba ejecutar al general Mérida, como se ha hecho con elementos de la Arma de México en el tema del ‘Huachicol Fiscal’.
A partir de esas evidencias se daría un seguimiento puntual al General y una vez que cruzó la frontera se le apoyó, en todo, para su traslado a Nueva York.
Previo al 11 de mayo valían de algo las ejecuciones, ahora de nada sirve eliminar a los ‘prófugos’ de la lista de los diez.
Esto, porque la información ya está en manos de los fiscales norteamericanos y nada podrá detenerlos.
En México la Fiscalía General de la República (FGR) trata de anticiparse a los hechos y después de una investigación relámpago negará toda relación del crimen organizado con los políticos de la 4T.
Pero ello, solo significará la crónica de un derrumbe político. Este momento, no hay nada que pueda frenar el efecto de decenas de testimonios de integrantes de crimen organizado, convertidos en testigos protegidos o colaboradores por beneficios.
La investigación que realicen los agentes del Ministerio Público, en caso de no ser correcta, augura el fin de un régimen, que sucumbirá por la ambición desmedida, la falta de clase para gobernar y la violación sistemática de la ley.
A la 4T se le olvidó reconocer —como país— quiénes somos, a quién se debe la economía y dónde estamos ubicados geográficamente. No podemos estar obnubilados.
Si hubo filtraciones, intervenciones telefónicas, rescates emergentes, sorpresas a la policía incapaz mexicana y muchas cosas más. El caso es que el general Mérida Sánchez ya está hablando y sus testimonios, así como los de decenas más ya calificados en EE.UU., definirán el rumbo de México en el futuro.
No en vano que ahora por ley se quiera desconocer el triunfo de la oposición antimorenista y anular elecciones cuando no les convenga…