México necesita una justicia electoral cercana, independiente, comprensible, técnicamente sólida y capaz de dar certeza en medio de la complejidad democrática, sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, tras advertir que los comicios de 2027 será una prueba de enorme exigencia para todas las instituciones democráticas del país.
“El proceso electoral de 2027 será una prueba de estrés para nuestra democracia” enfatizó el presidente de la Sala Superior ante alumnos y académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde impartió la conferencia magistral “Retos del TEPJF, certeza electoral en tiempos complejos. Siete retos para una justicia electoral cercana, firme y preparada”, en el marco del Congreso Internacional sobre Estudios Jurídicos Contemporáneos.
Destacó que el proceso del próximo año representa un gran desafío, no sólo por el número de cargos que estarán en juego. También por el momento en que ocurrirá: un país plural, litigioso, digitalizado, atravesado por desigualdades, violencia, desinformación, polarización y demandas ciudadanas cada vez más complejas. Ante ello, apuntó Bátiz García, el TEPJF tiene una responsabilidad constitucional muy clara: proteger derechos político-electorales, resolver controversias con independencia, cuidar la equidad de la contienda y dar certeza.
“Pero también”, abundó, “tiene una responsabilidad pública más amplia: contribuir a que la ciudadanía entienda sus decisiones, confíe en las instituciones y vea en la justicia electoral un cauce para resolver conflictos, no un lenguaje reservado para especialistas”. Para exponer el tema de su conferencia magistral, Bátiz García pidió mirar la elección del próximo año desde una premisa y siete retos. La premisa, planteó, es que la certeza electoral no nace el día de la jornada, sino desde la preparación institucional previa.
Respecto a los retos, el magistrado electoral enumeró: la dimensión y litigiosidad del proceso; la consolidación de una justicia cercana; la complejidad social de la democracia contemporánea; la inclusión y representación efectiva de grupos históricamente excluidos; la legalidad de la contienda frente a redes sociales, inteligencia artificial y libertad de expresión la obligación de combatir la violencia electoral; y la necesidad de abrir caminos hacia el diálogo y la cultura de paz.
“La certeza electoral, vale insistir, se construye desde antes. Con instituciones preparadas. Con reglas claras. Con criterios consistentes. Con ciudadanía informada. Con autoridades responsables. Y con tribunales capaces de decidir con independencia, sensibilidad y sentido constitucional”, concluyó.
