Javier Divany Bárcenas
La Cámara de Diputados aprobó en lo general por mayoría calificada de 458 votos terminar con las pensiones millonarias de jubilados del servicio público, las cuales quedarán no mayores a 70 mil pesos mensuales.
Con 458 votos a favor, los legisladores de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, para que los funcionarios no reciban pensiones “doradas” millonarias.
Mientras se llevaba la discusión en el Plano de la Cámara, a las afueras del Palacio de San Lázaro, decenas de pensionados jubilados se manifestaban en contra de la aprobación de este dictamen.
En votación económica, el Pleno desechó moción suspensiva de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN, quien solicitó detener la discusión y votación del dictamen por ser incompatible a diversas disposiciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, una reforma al artículo 127 de la Constitución para poner un límite a las denominadas “pensiones doradas” de extrabajadores de las empresas del Estado mexicano, como Pemex y CFE, organismos descentralizados y demás instituciones del Gobierno.
Los partidos de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional anunciaron reservas para modificar los artículos de la reforma.
En los posicionamientos, Haidyd Arreola, del partido Morena presentó el dictamen con el que dijo que se busca corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, puesto que lo legal “no siempre es justo” y al mencionar datos de la de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, del Inegi, puntualizó que las jubilaciones en promedio rondan los cuatro mil 600 pesos al mes.
“El señor Juan Rubio Martínez, originario de Autlán de Navarro, Jalisco, con 88 años, trabajó más de 30 años de su vida, cotizando mil 117 semanas y actualmente recibe una pensión mensual de cuatro mil 511 pesos. También les voy a hablar de Carlos Arturo Sánchez Magaña, que recibe una pensión por la cantidad de un millón 100 mil 361.34 pesos al mes”, contó la legisladora.
“La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas”, agregó.
A su vez, el morenista Manuel Vázquez Arellano, hizo notar que el dictamen no va contra el universo completo de trabajadores y trabajadoras pensionadas del país sino contra las “pensiones doradas”, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores y trabajadoras que, aunque estaban en las reglas, aunque estaban en las leyes, no por ser legal fue moral lo que hicieron.
Aseguró que “muchas de esas pensiones que lograron obtener fue por acuerdos, por amigos, por amigas, por compadrazgos, por amistades políticas, por favores políticos. Esto no puede continuar de esa manera”.
Dijo, que el país gasta más de 2.3 billones de pesos; es decir el 23 por ciento del presupuesto público anual se va en pensiones a las personas jubiladas. “Eso se va a continuar haciendo, repetimos. El problema no es que se gaste tanto en extrabajadores y extrabajadoras. El problema es que se concentra en unas cuantas personas”.
Ejemplificó que Luz y Fuerza del Centro cuenta con un padrón de más de 14 mil extrabajadores, cuyo costo anual asciende aproximadamente a 28 mil millones de pesos, destacando que una proporción relevante cercana al 67 por ciento percibe pensiones que van desde los cien mil hasta casi un millón de pesos mensuales.
“Tenemos que reordenar y revisar este asunto con nuestros extrabajadores porque en comparación con el resto seguramente muchos estarán en desacuerdo”.
La propuesta establece que las jubilaciones o pensiones de todo el personal de organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, entre otros órganos descentralizados no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
Es decir, para este 2026 el salario neto -después de impuestos- de la Presidencia es de 134 mil 290 pesos, por lo que el 50 por ciento que se establece como máximo sería de alrededor de 67 mil 145 pesos.
