Javier Divany Bárcenas
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de reclutamiento criminal, que se castigará hasta con 20 años de prisión.
El diputado Julio César Moreno Rivera fundamentó el dictamen con el que dijo que se busca hacer frente a uno de los problemas más graves que es el reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y personas adultas por parte de organizaciones criminales.
El reclutamiento criminal lo hacen contra personas que son engañados, amenazadas, violencia o aprovechándose de sus necesidades, pues son incorporadas a organizaciones delictivas, personas a quienes les arrebatan su libertad, sus oportunidades y, en muchos casos, también su futuro.
Con estas reformas se busca castigar a quienes reclutan personas para la delincuencia organizada y proteger a quienes son víctimas de estas conductas.
Recordó que, en abril pasado, la Comisión de Justicia aprobó una propuesta para incorporar este delito al Código Penal Federal, sin embargo, después de analizar sus alcances y sostener reuniones de trabajo con la Fiscalía General de la República, consideramos que había una alternativa jurídicamente más adecuada e incorporarlo a la Ley General en Materia de Trata de Personas.
Por su parte la diputada por Morena, Edith Segura Trejo, comentó esta es problemática que afecta tanto a personas adultas como de manera particular y preocupante a niñas, niños y adolescentes.
Refirió que durante años hemos enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es, y cuando una conducta no cuenta con un tipo penal propio, los hechos pueden terminar siendo investigados bajo figuras distintas, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada.
Esta dispersión puede fragmentar los casos, dificultar su registro y permitir que la conducta específica de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales queden diluidas dentro de otros delitos.
Indicó que una niña, niño o adolescente captado por la delincuencia, no puede ser visto únicamente desde los delitos que pudiera cometer posteriormente, también debemos investigar quién lo captó, cómo lo incorporó, si existieron amenazas o violencia, y de qué manera se aprovecharon de sus condiciones de vulnerabilidad.
La reforma también reconoce circunstancias que agravan la conducta, entre ellas, el uso de tortura, violencia sexual, privación de la libertad o lesiones. El aprovechamiento de conocimientos especializados de las víctimas inclusive, la pertenencia de éstas a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas y su situación de movilidad humana.
Asimismo, contempla consecuencias específicas cuando intervienen personas servidoras públicas, no solo van a presión, incluye su destitución o inhabilitación en los términos establecidos en el artículo 36 Ter.
Combatir este acto significa impedir que la delincuencia organizada encuentre en la pobreza, el miedo y la vulnerabilidad, una oportunidad para fortalecerse. Significa proteger la libertad, la dignidad y los derechos humanos de quienes son captados y garantizar una atención especial a nuestras niñas, niños y adolescentes. Lo que inicia como una búsqueda de empleo no debe terminar como un reclutamiento forzado.
Explicó que, al establecer este delito en una ley general, garantizamos que pueda perseguirse en todo el país, sin importar dónde ocurrió el reclutamiento o dónde se obligó a delinquir a la víctima, así evitamos que los delincuentes aprovechen los límites entre los estados para evitar la justicia.
“Quiero recalcar que este delito no es nuevo, lo nuevo es que por fin lo estamos enfrentando. Por estas razones, en Morena nuestra postura es a favor del dictamen”.
En su intervención , la diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Lilia Aguilar Gil afirmó que el reclutamiento forzado constituye una grave problemática que, durante años permaneció invisibilizada, por lo que destacó la importancia de establecer mecanismos legales que sancionen este delito y se garantice la protección de sus víctimas, particularmente de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Durante la discusión del dictamen, la legisladora petista reconoció que, con esta reforma se da un paso firme y se avanza en el combate de este delito que se ha extendido a distintos sectores de la sociedad.
Aguilar Gil insistió en que la legislación debe garantizar que las personas menores de edad sometidas a reclutamiento forzado sean reconocidas y atendidas como víctimas, en lugar de ser criminalizadas por las actividades ilícitas que fueron obligadas a realizar.
“Esos niños no son delincuentes, están ahí porque es eso o los matan y esos niños son víctimas, no solamente de trata, sino de un secuestro abierto y que muchas veces lo hacen justamente acabando con la vida de sus padres que se resisten a esta tragedia a la que serán condenados”, enfatizó.