Javier Divany Bárcenas
El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, recibió del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar un paquete de propuestas para combatir la corrupción y la impunidad, en la que propone eliminar el fuero constitucional, figura jurídica que no protege contra la comisión de delitos, pero puede obstaculizar la actuación de la justicia sobre un presunto delincuente.
Martínez Miranda advirtió que ambos problemas se han convertido en “un estigma” para la clase política que impide transformar al país, por lo que consideró urgente “hacer una limpieza a fondo” en todo el territorio nacional.
El senador explicó que esta figura fue creada para salvaguardar la libertad de expresión de los legisladores, “no para protegerlos de delitos, es ahí donde habrá un poco de debate, pero eso se va a subsanar”, porque el tema es más a fondo.
Higinio Martínez reconoce que los ciudadanos no se equivocan cuando eligen a un alcalde, un gobernador o a un presidente, sino que son los propios funcionarios quienes cometen errores, desvían su camino y traicionan a la gente cuando cometen actos de corrupción, como ocurrió con el reciente caso del Instituto Nacional Electoral.
“A quienes nos ponen, a todos nosotros, aquí en una responsabilidad, nos colocan por algo. Uno es quien falla, y hay que buscar cómo evitar al máximo que las personas fallen”, enfatizó el presidente del Senado de la República.
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de Morena en la Cámara de Diputados, asistió con más de 20 representantes de instituciones académicas y organizaciones civiles, para poner a disposición del Senado diferentes propuestas anticorrupción, con el objetivo de organizar mesas de trabajo para analizar su contenido y alcance.
Ramírez Cuéllar detalló que se requiere un nuevo sistema anticorrupción, pues el que actualmente existe tiene muchas limitaciones; además, se busca la reconstrucción del sistema nacional de fiscalización y de auditorías, con una reforma legal y constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, y su concurrencia con las auditorías estatales.
Un punto fundamental, explicó, es el rediseño de las Fiscalías Anticorrupción, tanto de la Fiscalía General de la República, como de cada una de las Fiscalías Anticorrupción de las entidades federativas.
El legislador dijo que es indispensable una reforma completa al Código Penal, para hacer una revisión de los tipos penales que implica la corrupción; cambios en la figura de extinción de dominio, sobre todo por ilícitos como el huachicol fiscal o los relacionados con el contrabando de combustible, así como una nueva legislación en materia de administración pública.
Dicho paquete de reformas legales y constitucionales obedece a que “queremos entrar a una nueva etapa de regeneración de la vida pública en México”.
La idea, explicó, es que a partir de hoy se integren los equipos que revisarán cada una de las iniciativas, entre las que destacó la que crea un nuevo sistema anticorrupción, porque “lo que tenemos hoy tiene muchas limitaciones y hay que construir uno nuevo”.
Ramírez Cuellar quiere que a través del senador Higinio Martínez se convoque a una reunión de legisladores y especialistas para que antes de que concluya el periodo de sesiones, o una vez terminada la discusión del Presupuesto de Egresos, “podamos redactar y precisar muy bien los alcances de esta mejora del marco legal”.
Como parte de esta estrategia, se planteó la conformación de tres mesas: una en el Senado de la República, una en la Cámara de Diputados, y otra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La directora del CIDE, Lucero Ibarra Rojas, sostuvo que el combate a la corrupción no sólo es competencia del Estado, sino que es trabajo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad; en particular, consideró que la academia debe asumir la responsabilidad en este asunto.
Susana Camacho Maciel, investigadora de México Evalúa, opinó que, en lugar de crear fiscalías especializadas para evitar malas prácticas, lo conveniente sería contar con un marco legal flexible para que las fiscalías estatales o federal puedan hacer investigaciones en colaboración con otras autoridades que puedan contribuir en la resolución de casos.