- El desafío es que los derechos que establece la ley lleguen a todos: Reyna Celeste Ascencio.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, encabezó la presentación del libro Conciliación y justicia laboral en México, que analiza los alcances de las reformas de 2017 y 2019, mediante las cuales la conciliación prejudicial obligatoria se estableció como piedra angular de los procesos laborales.
Destacó que, tras la implementación de este sistema, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje estima que entre 68 y 72 por ciento de los asuntos concluyen mediante un acuerdo conciliatorio.
En el ámbito local, la legisladora refirió el caso de Tamaulipas, donde se reportó una resolución del 83 por ciento de asuntos laborales, sin llegar a algún tribunal y “eso representa menos desgaste, menos tiempo y menos costo para ambas partes”.
Ascencio Ortega recordó que antes de las reformas constitucionales y legales para establecer la conciliación prejudicial obligatoria, las juntas de conciliación y arbitraje se caracterizaban por el retraso en la atención de las demandas y “por la captura de intereses”. En esos espacios, señaló, “florecieron intermediarios sin regulación, mientras los trabajadores esperaban años una resolución”.
En 2019, acotó, comenzó el cambio, pues se sustituyó a las juntas por tribunales laborales y se estableció el voto libre y secreto en las decisiones sindicales; además se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como instancia previa y obligatoria, antes de presentar una demanda ante las instancias correspondientes. “La idea fue que el diálogo llegará antes que el litigio”.
Destacó que la reforma constitucional para establecer la jornada laboral en 40 horas es un esfuerzo para que los trabajadores tengan “tiempo para vivir”, para que puedan descansar. Sin embargo, afirmó que la tarea no está terminada y que “el desafío ahora es que la conciliación sea real, no un trámite y que los derechos que están en la ley lleguen a todos”.
El director General del Centro de Conciliación de Michoacán y coordinador del libro, Andrés Medina Guzmán, demandó una reconversión presupuestal urgente, necesaria, para las 32 entidades federativas, porque ya no son necesarios tantos recursos para instituciones que ya no reciben los asuntos laborales.
Dijo que la obra nace de la necesidad de reflexionar sobre las vicisitudes que surgieron tras la reforma constitucional y los cambios a la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de visibilizar los esfuerzos realizados en las entidades federativas por las instancias encargadas de sustanciar tanto el procedimiento prejudicial de conciliación laboral, como los procesos jurisdiccionales ante los tribunales laborales.
“Hoy, en los centros de conciliación laboral, la atención es directa, humana y en menos de 45 días estamos resolviendo el conflicto”, afirmó.
En el libro Conciliación y justicia laboral en México participan especialistas, quienes abordan temas como la reconfiguración institucional de los tribunales laborales, la confidencialidad en la conciliación, las medidas cautelares, el uso de la tecnología en los nuevos procedimientos y los límites de la conciliación en los conflictos colectivos.