La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad —en lo que fue materia de impugnación— el acuerdo de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobó el plan de trabajo específico 2026-2027 y su calendario de actividades.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) impugnaron dicho acuerdo al considerar que la Comisión excedió sus atribuciones al no someter el plan a la aprobación del Consejo General del INE, y argumentaron que el plazo fijado para solicitar la verificación (hasta 30 días antes de concluir el registro de candidaturas) era desproporcionado e interfería en sus procesos de selección interna.
El PAN agregó que el calendario debía prever mecanismos extraordinarios para candidaturas derivadas de sustituciones, resoluciones jurisdiccionales o circunstancias supervenientes, así como precisar que la falta de una solicitud de verificación no constituye un requisito de elegibilidad.
En sesión pública, a propuesta de la magistrada electoral Claudia Valle Aguilasocho, la Sala Superior declaró infundados los agravios, al considerar que la Comisión del INE actuó dentro de sus atribuciones, pues el Consejo General le confirió expresamente la facultad de aprobar el plan de trabajo, el calendario y los instrumentos necesarios para poner en marcha el procedimiento.
Además, estimó que el contenido del acuerdo, analizado por su materia y sus efectos, se limita a ejecutar en el plano operativo decisiones sustantivas que ya adoptaron el legislador y por el propio Consejo.
Asimismo, el Pleno de la Sala Superior determinó que la anticipación de 30 días se encuentra debidamente fundada y motivada en los tiempos técnicos que requiere cada fase institucional de análisis de riesgo, sin que ello vulnere la autonomía partidista, al tratarse de un procedimiento estrictamente voluntario que no impone requisitos de elegibilidad adicionales.
El calendario prevé ocho días para revisar las solicitudes, atender prevenciones y requerir información; quince días para que las autoridades competentes emitan sus comunicaciones y hasta tres días adicionales para notificarlas a la Secretaría Técnica. Esas etapas suman veintiséis días y, junto con el tiempo necesario para recibir, registrar y entregar la información, explican la anticipación establecida.
El plazo, se precisó, no restringe la libertad de los partidos para definir sus postulaciones ni el derecho de la ciudadanía a ser votada por la vía partidista o independiente. Además, no genera desigualdad o incertidumbre, como lo afirman los recurrentes, porque el procedimiento de verificación es voluntario, puede iniciarse desde que una persona obtiene su registro como precandidata y no condiciona la postulación ni el registro de una candidatura, Asimismo, si una sustitución o una resolución partidista ocurre después del periodo ordinario, la Comisión podrá valorar, conforme a las circunstancias del caso, si aún es posible realizar la verificación.
En consecuencia, se determinó confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia (SUP-RAP-238/2026 y acumulado).
