Javier Divany Bárcenas
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron con los votos de Morena y sus aliados reformas a la ley contra el lavado de dinero, con lo que se dota de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda, para investigar y congelar cuentas ante la presunción de posibles delitos que impliquen operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento a actividades terroristas.
Con 23 votos a favor, cero en contra y 6 abstenciones, el dictamen que establece que por primera vez servidores públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno, así como órganos autónomos, serán considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Entre reclamos de la oposición y acusaciones de vigilancia excesiva y uso faccioso de estos instrumentos, Morena y sus aliados aprobaron reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero.
Con ello se dota de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), para investigar y congelar cuentas ante la presunción de posibles delitos que impliquen operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento a actividades terroristas.
El dictamen original incluía el monitoreo como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a sindicatos, iglesias, partidos políticos; sin embargo, ante los reclamos de la oposición al acusar que con ello se impulsaba una posible persecución a críticos del régimen, se optó por retirar a estos entes.
Cabe mencionar que ahora la Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP, y podrá solicitar información patrimonial y financiera directamente a entidades públicas, sin que medie orden judicial.
Las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a Hacienda.
Asimismo, se impone la obligación de monitorear a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Con ello, se amplía el espectro de vigilancia financiera al incorporar, a la propia UIF como “víctima”, cuando se comentan delitos que afecten al sistema financiero, lo que le permitirá coadyuvar en las investigaciones.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que esta reforma cumple con los compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y garantizar que las actividades económicas en México sean legales y transparentes.
Sin embargo, legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano externaron fuertes críticas al dictamen.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, fue enfático: “Quieren imponer un Estado de miedo por encima del Estado de Derecho. Sin juicio previo, sin prueba, sin jueces: solo sospecha y castigo”.
Añorve denunció que la reforma no era una medida de seguridad, sino una herramienta de persecución política diseñada para callar a quienes incomoden al poder. “La ley se convierte en instrumento político para silenciar sindicatos, partidos, iglesias y sociedad civil bajo amenaza.
Durante la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, advirtió que la nueva Ley de Lavado de Dinero representa un riesgo directo para las organizaciones de la sociedad civil, al imponerles obligaciones desproporcionadas y tratarlas como si fueran entidades delictivas.
“Se pretende criminalizar a quienes sostienen asilos, orfanatos y bancos de alimentos. Morena usa la ley para perseguir a quienes suplen funciones que el Estado ha abandonado”.
Alejandro Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano manifestó que su preocupación es por qué se permita que la información se pueda proporcionar, sin restricción alguna, a la Secretaría de Hacienda, sin que medie una orden judicial previa.
“Nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud pueda tener acceso a datos personales de las y los mexicanos, a información financiera y patrimonial, y a todo lo que tenga que ver con su parentesco. Nos parece que esto es sumamente delicado”, expresó.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
La reforma será enviada al pleno del Senado para su eventual discusión y votación en una sesión del Senado en el próximo periodo extraordinario.
