- También, aprobó dictamen que elimina restricción para que personas “privadas de sus facultades mentales” puedan votar
La Comisión de Reforma Política-Electoral, presidida por el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), aprobó con 14 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, su opinión en sentido positivo a la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, con relación a los recursos previstos en materia electoral.
La opinión, enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, argumenta que se preserva la arquitectura institucional necesaria para organizar elecciones, proteger derechos, resolver controversias y perseguir delitos electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un ejercicio de alta complejidad y el Poder Judicial de la Federación (PJF) prevé recursos específicos para la justicia electoral durante el proceso 2026-2027, señala.
Por ello, subraya: “la Comisión no presenta propuestas de modificación al texto del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. No presenta propuestas de ampliaciones y reducciones de recursos en materia electoral”.
Hace mención que la materia electoral no se concentra en un solo programa, se distribuye entre funciones administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia. El Ramo 22 sostiene la organización de elecciones, el padrón, la credencial para votar, la fiscalización, los tiempos de radio y televisión, la participación ciudadana y la coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En tanto, el Ramo 03 la justicia constitucional, electoral y federal, además de las funciones de disciplina y administración judicial. El Ramo 49 incorpora la investigación y prevención de delitos electorales dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).
El diputado Lobo Román afirmó que la democracia se sostiene cuando cada persona tiene la certeza de que su voto cuenta y se respetan las instituciones, se actúa con imparcialidad y esa confianza exige trabajo, recursos y una vigilancia permanente sobre el dinero público.
Con esa responsabilidad—dijo—se presenta en sentido positivo la opinión de Comisión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 en materia electoral, el cual reconoce el carácter integral de la función electoral.
El PPEF 2027, agregó, prevé recursos para que el Instituto Nacional Electoral organice los comicios, mantenga actualizado el padrón y coordine su labor con los Organismos Públicos Locales Electorales, para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atienda la justicia electoral y para que la Fiscalía General de la República prevenga, investigue y persiga los delitos electorales. Puntualizó que contribuye a proteger los derechos políticos-electorales y la confianza de la ciudadanía.
“Nuestra opinión propone respaldar los recursos previstos sin presentar modificaciones al decreto ni solicitudes de ampliación, lo hace porque identifica una estructura presupuestaria orientada a sostener las funciones electorales ante las exigencias del próximo proceso electoral”.
Hizo mención que la concurrencia de los procesos federales y locales demanda capacitación, instalación de casillas, actualización del padrón, fiscalización, sistemas de información y coordinación territorial. Respaldar la orientación general del proyecto compromete a vigilar su funcionamiento y a señalar oportunamente cualquier insuficiencia.
“Tenemos la responsabilidad de construir acuerdos que sirvan a la nación y a la democracia. La ciudadanía espera instituciones que merezcan su confianza y representantes capaces de escuchar. Hagamos que el presupuesto electoral se traduzca en libertad para decidir, certeza para participar con confianza y construir el futuro de México. Que cada recurso tenga un propósito y que cada institución cumpla su responsabilidad y cada ciudadano sepa que su voz y su voto cuentan”, señaló.
Detalló que se están dando recursos extraordinarios para el ejercicio de los procesos electorales y garantizar el crecimiento del padrón electoral, de las casillas que ha proyectado el Instituto Nacional Electoral. “Prácticamente se incrementa más del cien por ciento, respecto al proceso anterior, el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, Capítulo 13, y cada uno de sus rubros tiene algún incremento o alguna valoración”.
Reconoció que en el tema de la Fiscalía, en el que hubo un subejercicio el año pasado, se hace un ajuste en sentido negativo, pero se contemplan todas las vertientes del Instituto Nacional Electoral y, por eso, esta Comisión considera que se atienden las condiciones que dan viabilidad a garantizar el voto de las y de los ciudadanos y su participación en condiciones de equidad y de igualdad”.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) dijo estar imposibilitado a votar a favor de esta convalidación del presupuesto en materia electoral. En este presupuesto se está proponiendo una reducción a la persecución de delitos electorales del 32 por ciento. “Es increíble que en un proceso electoral se esté proponiendo una disminución, con el precedente de los asesinatos y las acusaciones que hay en la mesa de penetración de dinero del crimen organizado a las campañas electorales”.
Abigail Arredondo Ramos, diputada del PRI, resaltó que el debilitamiento en el presupuesto para la operación que fortalece a la democracia, al final la debilita. “Espero que todos los que vivimos la democracia y que el próximo año tendremos una muy importante, en donde se cambian 17 gubernaturas, elige nuevamente al Congreso, congresos locales, presidencias municipales, realmente estemos preparados no solamente en el discurso, sino en la práctica que tiene que ver con los recursos y el presupuesto”.
De MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued solicitó que el Estado mexicano haga un esfuerzo más amplio en el combate a la violencia político-electoral, y se debe seguir abonando al fortalecimiento de la autoridad electoral en el terreno de la profesionalización, capacitación de su servicio profesional. “Desde Movimiento Ciudadano no podremos acompañar la opinión en torno al presupuesto en materia electoral”.
Fortalecer la inclusión en el sufragio
Con 16 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, la Comisión aprobó el proyecto de decreto que reforma el numeral 5 del artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de eliminar la expresión personas “privadas de sus facultades mentales” en el acceso a las casillas.
Lobo Román comentó que la reforma parte de una convicción democrática esencial, donde ninguna persona debe ser excluida del ejercicio de sus derechos políticos-electorales por prejuicios, estigmas o expresiones legales que resultan incompatibles con la igualdad y la dignidad humana.
Indicó que el dictamen reúne dos iniciativas de integrantes del grupo parlamentario de Morena, del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes y la diputada Mónica Herrera Villavicencio, las cuales eliminan la expresión de personas “privadas de sus facultades mentales” que actualmente opera como una barrera para el acceso a casillas, y se conserva las restricciones relativas a otras personas bajo el flujo de enervantes, armadas y demás numerales del artículo 280 que permanecen sin cambios
Afirmó que la reforma aporta certeza jurídica y fortalece la inclusión, evita que una expresión imprecisa y estigmatizante, dé lugar a decisiones discrecionales en las casillas y reconoce que una condición de salud mental o una discapacidad por sí sola no debe convertirse en un motivo de exclusión del sufragio.
Asimismo, armoniza la legislación electoral con los artículos 1º, 35 y 38 de la Constitución Política, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente su artículo 29, que exige garantizar la participación política en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.
También es congruente con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre igualdad, no discriminación y capacidad jurídica. Legislar con responsabilidad también significa respetar, la certeza electoral.
Puntualizó que el régimen transitorio precisa que las modificaciones a este artículo no serán aplicables a los procesos electorales en curso. “Se elimina una barrera injustificada y fortalece una democracia en que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, con reglas claras y certeza para todos los actores. Por inclusión, igualdad y pleno ejercicio de los derechos políticos-electorales votemos a favor”.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) argumentó que el dictamen aborda derechos políticos, específicamente, en la vertiente del voto. Se reconoce la valía de la propuesta y todo lo que sea facilitar a las y los ciudadanos la posibilidad de votar siempre será bien recibido; sin embargo, el PRI votará en abstención porque “nos preocupa revivir una discusión de lo que debe resolverse en sede legislativa y en sede administrativa”.
Para el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (Morena) en términos jurídicos, políticos y administrativos esta reforma es viable, porque es discriminatoria para las personas con facultades mentales, y actualmente el uso de expresiones “como privadas de sus facultades mentales” carece de definición clínica y no es reconocido por organismos internacionales de salud, lo que genera una ambigüedad normativa.
Del PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala externó que su entrada en vigor será una vez que concluya el proceso electoral 2026-2027. “Quiero anunciar que, aunque de origen coincidimos con el objetivo del dictamen, Acción Nacional votará en abstención. Esto no anuncia bajo ninguna circunstancia en qué sentido votaremos en el Pleno, pero sí creemos que se debió haber sociabilizado más el dictamen porque incluso se pudo haber enriquecido”.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) mencionó que todo lo que amplía los derechos de las mexicanas y de los mexicanos para participar en los procesos electorales debe ser bienvenido por todos. Es una reforma noble, ayuda a ensanchar la democracia en el país, ayuda a las personas que tienen dificultades o problemas de discapacidad para poder crecer su voto. “Va a ayudar a muchas mexicanas y mexicanos”.
También de Morena, la diputada Maribel Solache González se congratuló con el dictamen, porque como diputada migrante representa a 50 millones de mexicanos en el exterior, en donde hay personas con discapacidad, de la comunidad LGBT, afromexicana e indígena. “Esta reforma se tiene que hacer porque si no estamos permitiendo que se cometa racismo, clasismo, discriminación y que cada quien decida quién pasa a la casilla, quién ejerce su voto y quién no”.
En opinión del diputado Pedro Vázquez González (PT) la actual ley electoral ordena que en ningún caso se permite el acceso a las casillas a personas “privadas de sus facultades mentales”, son cinco palabras heredadas de otra época, no definen nada y dejan en manos de la mesa directiva de casilla un juicio imposible: decidir a simple vista quién pueda votar o quién no pueda votar. “Este dictamen no tiene costo presupuestal y deja un mandato a partir de la siguiente elección, y esas cinco palabras desaparecen de la ley”.
A su vez, la diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) puntualizó que, durante años, la población con discapacidad estuvo excluida de la vida política del país. “La iniciativa no tiene impacto presupuestal, es una obligación del instituto electoral y de la Cámara de Diputado legislar y promover acciones para garantizar la participación política de todas y todos los mexicanos sin exclusión alguna ni discriminación. Nosotros no somos una inseguridad para la sociedad”.
La directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Ruth Francisca López Gutiérrez resaltó que actualmente el artículo 280 contraviene convenciones internacionales y la Constitución Política para garantizar a las personas con discapacidad sus derechos políticos, dado que los iguala a las condiciones de las personas peligrosas o bajo los efectos de sustancias problemáticas.
Programa de trabajo 2026-2027
Por otra parte, la instancia legislativa ratificó con la unanimidad de 21 votos en pro, su programa de trabajo 2026-2027, cuya intención es fortalecer el análisis legislativo y ampliar el diálogo institucional, a fin de generar información e insumos que contribuyan a la elaboración de dictámenes, informes, opiniones y resoluciones.
El diputado Víctor Hugo Lobo se manifestó por dejar instituciones y un marco normativo más confiable, derechos mejor protegidos y caminos más amplios para la participación y la democracia. “Este será el valor de nuestro trabajo y nuestra aportación al futuro democrático de nuestra nación”.
La diputada Maribel Solache destacó la importancia del programa, dado que habrá una reunión sobre acciones afirmativas. Además, conminó a promover el voto en el extranjero entre las y los mexicanos que viven fuera y ejerzan su derecho político-electoral.
