- El primer tema corresponde a las autoridades locales, y los dos restantes ya están previstos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, resolvió la Comisión de Movilidad
La Comisión de Movilidad, que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC), aprobó tres dictámenes en sentido negativo que proponían reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para regular los estacionamientos públicos y los acomodadores de vehículos, sobre infraestructura de movilidad segura, e incorporar el concepto de movilidad activa con enfoque ambiental.
El primer caso, aprobado por 13 votos a favor y tres en contra, corresponde a una iniciativa del diputado Alejandro Cortés Mendoza (PAN), respecto de lo cual la diputada Mercado Castro expuso que buscaba incorporar un Capítulo Sexto denominado “De los estacionamientos comerciales de servicios y acomodadores”, para regularlos y ampliar las atribuciones a los ayuntamientos sobre esta materia.
Precisó que se establecían requisitos para la prestación del servicio de acomodadores, así como obligaciones de los prestadores del servicio, mecanismos de cobro, periodos de gratuidad, contratación de seguros, instalación de sistemas de videovigilancia, expedición de licencias, facultades de supervisión e inspección de las autoridades municipales, así como la celebración de convenios y otorgamiento de estímulos fiscales.
Destacó que la Comisión reconoce que la iniciativa responde a una problemática pública real que ha cobrado relevancia a nivel nacional como consecuencia del crecimiento urbano, el incremento del parque vehicular y de la necesidad de fortalecer las condiciones en que se prestan los servicios de estacionamiento y de acomodadores de vehículos.
Sin embargo, la ley general no puede establecer un régimen integral de regulación de establecimientos mercantiles y de prestación de servicios privados, pues excede su objeto y alcance. Además, la regulación de estacionamientos comerciales de servicios y ballet parking, corresponde principalmente al ámbito municipal y local.
Ante ello, subrayó que la iniciativa invade materias que constitucionalmente corresponden a las autoridades locales conforme al artículo 115, además de que los artículos 67 y 68 de la Ley General ya delimitan las facultades de las autoridades locales y específicamente el artículo 68 fracción 17 ya reconoce a los municipios la atribución para regular el servicio de estacionamiento en vía pública.
Por lo tanto, incorporar un régimen completo sobre estacionamientos comerciales y de servicios, rebasa el ámbito de dicha Ley. La gratuidad obligatoria de las primeras dos horas de estacionamiento constituye una intervención directa en las condiciones económicas bajo las cuales los particulares prestan un servicio, afectando la libertad de comercio y de configuración empresarial, sin que exista una justificación suficiente dentro de una ley general y materia de movilidad.
Participación de diputadas y diputados
El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) señaló que se está dejando pasar una oportunidad con esta iniciativa, porque el servicio de estacionamiento que ofrecen los centros comerciales a sus usuarios y visitantes necesariamente tendría que ser gratuito.
Por su parte, la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) indicó que se debe trabajar respecto al cobro en estacionamientos, ya que en ocasiones suele ser excesivo, y se deben otorgar garantías a los usuarios en el sentido de que tendrá certeza, seguridad y confianza, al dejar sus autos.
En tanto, la diputada María del Carmen Nava García (PVEM) se pronunció por no desechar la iniciativa sino fortalecerla y buscar mecanismos de solución, toda vez que existen estacionamientos muy oscuros o en sótanos donde no hay vigilancia, no cuentan con cámaras de seguridad y ni hay quien pueda responder por el vehículo o las pertenencias.
A su vez, la diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI) propuso una mesa de trabajo con diferentes dependencias para abordar este tema, ya que en Querétaro muchos prestadores de servicios se ampararon, luego de que se autorizara que tendrían que otorgar dos horas de estacionamiento gratis a los usuarios.
Al respecto, la diputada Mercado Castro se manifestó a favor de que llevar a cabo la mesa de diálogo para tratar exclusivamente el asunto de los estacionamientos y acomodadores de autos, y recibir propuestas que deriven en una iniciativa que presente la Comisión.
Por otra parte, la Comisión aprobó por 13 votos a favor y tres en contra el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que adicionaba una fracción VIII del artículo 4º de la Ley General de Movilidad y Seguridad, presentada por la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer (PAN).
La diputada Mercado explicó que esta iniciativa planteaba incorporar la inversión progresiva y prioritaria de recursos públicos para el desarrollo de infraestructura de movilidad segura, como uno de los principios del artículo cuatro de la Ley General.
Sin embargo, los principios de este artículo tienen una función de interpretación, orientación y actuación para las autoridades, no para establecer obligaciones materiales de gasto, por lo que se consideró que la propuesta invade la distribución constitucional de competencias, ya que la programación y aprobación del gasto corresponde a los órganos competentes de cada orden de gobierno.
Además, se identificó que el objetivo de la iniciativa ya se encuentra previsto en el principio de eficiencia contenido en el artículo cuatro que propone reformar esta propuesta, el cual dispone que deben optimizarse los recursos ambientales y económicos disponibles para maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, criterio que además se reproduce en el artículo 15 de la propia ley.
Por ello, la Comisión concluyó que no existe una omisión normativa que justifique incorporar el principio de inversión progresiva y prioritaria, ya que el marco jurídico vigente contiene principios, obligaciones, instrumentos financieros y criterios de priorización suficientes para atender el objetivo perseguido por la iniciativa; en todo caso, se hace necesario contar con acciones que permitan operar dichos principios y mandatos.
También se avaló por 16 votos el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que reformaba la fracción IX del artículo 4 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para incorporar el concepto de movilidad activa con enfoque ambiental, promovida por el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (Morena).
Mercado Castro apuntó que esta iniciativa tenía por objeto establecer que la movilidad peatonal y no motorizada podrían considerarse como criterio transversal en la formulación de políticas y proyectos públicos, pero la reforma resulta innecesaria porque los principios de sostenibilidad, movilidad activa, reducción de emisiones contaminantes, protección al medio ambiente y transversalidad de las políticas públicas, ya se encuentran expresamente reconocidos en la Ley vigente.
El artículo cuatro, fracción novena, ya establece que se deben promover ciudades caminables y el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, fomentando la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones contaminantes, por lo que el componente ambiental ya forma parte del principio vigente.
Es decir, la materia ya se encuentra regulada de manera complementaria en las leyes General de Cambio Climático, Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su Reglamento, así como en la Estrategia Nacional de Movilidad, por lo que no existe un vacío normativo que justifique la reforma propuesta.
Asuntos generales
La diputada Patricia Mercado anunció que la próxima semana circulará un proyecto de iniciativas sobre el uso de motocicletas elaborado a partir de las propuestas presentadas por la Coalición Movilidad Segura y por todos los elementos que se discutieron en las cinco mesas de trabajo.
Tiene como finalidad socializar este proyecto con cada uno de las y los actores que participaron en las mesas, donde se encuentran empresas, organizaciones de repartidores, sindicatos, autoridades de movilidad de los estados, donde estarán reflejadas sus mayores preocupaciones y se presentará ante el Pleno antes de que termine el próximo periodo legislativo.
En otro orden, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja sobre las acciones que pudieran entrar en el anexo transversal de movilidad y una vez que llegue el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Comisión de Movilidad estudiará el contenido de ese documento.