Redacción
El Colectivo Nacional No Mas Presos Inocentes, puso al descubierto una red de extorsionadores con nuevo modus operandi de supuestos activistas sociales vinculados y solapados por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la UGA3.
Los denunciantes piden a Bertha Alcalde Luján, Fiscal General, que intervenga en este caso ante la posible complicidad de servidores públicos de la institución entre ellos Mariana Flores Parra, supervisora de la UGA 3 de la Fiscalía, y el asesor Jurídico Público David Bautista Ocampo, señalados como operadores internos del grupo delictivo denominado “colectiva Tonatzin”, que encabeza Monserrat Monterrosas Durán, quien está vinculada a proceso por resistencia de particulares, lesiones, daño a la propiedad y robo calificado.
Monserrat Concepcion Xochiquetzal Monterrosa Duran, es señalada como líder de colectiva Tonatzin, y quien ya está bajo proceso penal desde el 19 de marzo de 2026, recluida en el Reclusorio Oriente, donde permanece en prisión preventiva justificada, dentro de la investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-3C/D/00304/02-2026.
Esta nueva modalidad de extorsionadores disfrazada de activismo y justicia por parte de la colectiva, identificaban a sus víctimas en situación vulnerable para ofrecerles acompañamiento legal, asegurándoles que sus casos “caminarían” mediante el uso de documentos y testigos falsos.
Los integrantes de Tonatzin presentaban evidencia fabricada para inflar las solicitudes de reparación del daño, como es el caso que involucra a la propia hija de Monterrosas, sobre un director educativo quien habría pagado 800 mil pesos por concepto de reparación por cargos que el afectado califica de falsos.
A los testigos utilizados recibían entre 200 y 300 pesos por rendir declaraciones falsas, además realizaban manifestaciones frente a juzgados para presionar a las autoridades y amedrentar funcionarios y por último, utilizaban fotografías editadas y recibos de gastos ficticios para aumentar el monto de las reparaciones del daño.
De acuerdo al expediente, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana que ejecutaban una orden de aprehensión en la colonia Santa Martha Acatitla, fueron atacados por los seis sujetos, quienes intentaron arrebatar al detenido acusado de extorsión.
Los seis imputados responden a los nombres de Diego Efraín Cárdenas Gutiérrez, Mario Alberto Sánchez Alvarado, Jesús Manuel Leonor Calixto, Monserrat Concepción Xochiquetzal Monterrosa Ocampo, Abril Andrea Colorado Saavedra y Mariela Sánchez Alvarado, todos de nacionalidad mexicana.
Durante la investigación se descubrió la posible complicidad de Mariana Flores Parra, supervisora de la Unidad de Gestión Administrativa numero 3 (UGA 3) de la Fiscalía de Asesoría Jurídica de la Ciudad de México, funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México.
De comprobarse esta conducta, Flores Parra enfrentaría responsabilidades penales agravadas al tratarse de una servidora pública con acceso privilegiado a expedientes, recursos institucionales y canales de comunicación internos de la Fiscalía.
El denunciante inicio un proceso de documentación que revela un patrón sistemático de extorsión disfrazada de activismo, pues el grupo operaria mediante tres mecanismos principales:
-Testigos pagados: Personas que recibirían entre 200 y 300 pesos por rendir declaraciones falsas ante autoridades.
-Movimientos financiados: Manifestaciones frente a juzgados donde se pagaria a asistentes para presionar a funcionarios y amedrentar a operadores judiciales.
-Evidencia fabricada: Fotografías digitalmente alteradas y recibos de gastos ficticios para incrementar el monto de las reparaciones del daño solicitados.
En el caso más documentado, es el de la hija de la líder que logro una reparación de 800 mil pesos de un director educativo. 400 mil pagados en audiencia y el resto en mensualidades, todo sustentado en cargos que el denunciante califica de falsos. De 12 carpetas vinculadas a la colectiva que pasaron por sus manos, afirma que 10 carecían de sustento real.
