- La propuesta modifica el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y establece atención prioritaria para los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
- El senador advierte que 6 millones de niñas y niños no tienen asegurada su alimentación todos los días y que 19 millones de mexicanos padecen carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, con modificaciones, la iniciativa del senador Pablo Angulo Briceño, del Partido Revolucionario Institucional, para reformar el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de fortalecer el derecho a la alimentación y priorizar el abasto de productos básicos para los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
Al presentar el dictamen a nombre de las comisiones, la senadora Mely Romero Celis, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, destacó que, de acuerdo con el INEGI, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad disminuyó de 18.2 a 14.4 por ciento en 2024. Sin embargo, todavía afecta a 18.8 millones de personas, de las cuales 6 millones viven en comunidades rurales. Además, la pobreza alcanza al 46 por ciento de la población rural, frente al 25 por ciento de las zonas urbanas.
Pablo Angulo señaló que alrededor de 35 millones de mexicanas y mexicanos padecen inseguridad alimentaria moderada o severa. Mientras tanto, 19 millones presentan carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad y 6 millones de niñas y niños no tienen asegurada su alimentación todos los días. Advirtió que la situación afecta con mayor intensidad a las personas en condición de pobreza, así como a mujeres y menores de edad.
La reforma sustituye el concepto de “grupos sociales menos favorecidos” por “grupos sociales en situación de vulnerabilidad”, con una definición establecida en la Ley General de Desarrollo Social. El senador explicó que el derecho humano a la alimentación implica acceso a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, en condiciones de dignidad e igualdad. Por ello, el Estado debe establecer políticas públicas para atender a quienes enfrentan situaciones de riesgo o discriminación.
Con la modificación, el Estado deberá establecer medidas específicas para procurar alimentos básicos estratégicos como maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne y pescado. La atención será prioritaria para niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población rural, indígena y afrodescendiente. La reforma fue respaldada por las comisiones dictaminadoras y busca fortalecer la obligación del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación
