El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de 112 votos la reforma que eleva a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que la población entre los 18 y 29 años recibirán recursos equivalente a un salario mínimo.
La reforma fue turnada a los congresos estatales para su ratificación, y esta modifica el segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes.
Dicha iniciativa estuvo congeladora por seis meses luego de que fue aprobada el 25 de septiembre del 2024, impulsada por el entonces presidente López Obrador, establece que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes, entre 18 y 29 años, que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal.
En este sentido, el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes, entre 18 y 29 años, que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal.
Se busca con esta reforma, que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.
Se busca evitar que los jóvenes sean absorbidos por actividades informales o delictivas, puesto que, al proporcionar una alternativa productiva y capacitación en sectores estratégicos, el apoyo económico se convierte en un incentivo para que las juventudes accedan a oportunidades de empleo digno, lo que reducirá su vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia.
El dictamen señala que la propuesta responde a una realidad social, en la que la falta de oportunidades productivas ha derivado en exclusión y precarización laboral de este sector de la población, por lo que la intervención del Estado, además de una obligación constitucional, es una necesidad impostergable para fortalecer la cohesión social y el desarrollo económico del país.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, dijo que el proyecto cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas, pues coinciden que es urgente que este sector tenga cimientos constitucionales para su desarrollo, y esta reforma institucionaliza el compromiso del Estado con la formación y empleabilidad de la juventud, y ofrece una alternativa tangible al reclutamiento del crimen organizado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, mencionó que la falta de oportunidades laborales ha llevado a los jóvenes a incorporarse al trabajo informal en condiciones precarias, por lo que esta propuesta garantiza una política de apoyos económicos para que accedan a un empleo digno y así “dar un paso hacía un país con mayores oportunidades”.
Saúl Monreal Ávila, de Morena, señaló la urgencia de apoyar a las juventudes que se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral y educativa, a fin de reducir el desempleo y fomentar el desarrollo del país, “porque México no puede seguir ignorando la situación crítica de miles de jóvenes, que por falta de oportunidades se subsumen en la pobreza o en la informalidad”.
Por Acción Nacional, Susana Zatarain García aseguró que esta medida responde a uno de los problemas más grandes que se tienen en el país, ya que los jóvenes enfrentan barreras para acceder a la educación y a un empleo digno; consideró que México debe aspirar a un modelo que no sólo entregue apoyos económicos, sino que garantice capacitación de calidad, mentorías y una vinculación con el sector productivo del país.
La senadora Paloma Sánchez Ramos consideró que este apoyo económico es necesario, “pero insuficiente”, pues, enfatizó, el gobierno debe generar condiciones para que los jóvenes que trabajan tengan un buen salario y apoyar a quienes buscan una beca de posgrado o iniciar un negocio. Además, señaló que para darles una vida digna deben “dejar de matarlos, desaparecerlos y reclutarlos para ser parte del crimen organizado”.
Del verde Ecologista, Jasmine María Bugarín, recordó que en México hay más de 31 millones de jóvenes de entre 15 y 22 años, lo que representa un sector relevante por su potencial; por ello, defendió que este apoyo es un “paso firme en la dirección correcta” y un mensaje contundente de que la juventud mexicana “no está sola, de que sus sueños importan y su futuro es prioridad”.
