Javier Divany Bárcenas
Con descalificaciones de la oposición contra el partido oficial y los aliados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 377 votos a favor y 102 en contra, la reforma constitucional en materia político-electoral, conocida como Plan B que envió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante la negativa de PAN y PRI de apoyar el proyecto, el legislador morenista Leonel Godoy, en tribuna aseguró que aunque se les diera gusto, seguirían votando en contra.
“No tienen nunca disposición a aprobar cosas que les sirven al pueblo de México, no lo tienen, no lo han tenido, y a nosotros nos acusaban, en otros tiempos, que éramos los diputados, el grupo parlamentario del ‘No’.
“¿Quiénes son ahora los diputados de la oposición del ‘No’? Son lo que ellos criticaron, ahora a todo dicen que no. No va a haber ningún plan que les guste, ni el Plan A, ni el B ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”, señaló Leonel Godoy.
En tanto, la bancada de Movimiento Ciudadano se enfrasco en dimes y diretes contra los diputados de Morena, y centraron el tema en la problemática de Veracruz, por el derrame de hidrocarburo, por daños ecológicos y de la población de esta entidad.
El dictamen busca hacer ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, establece límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales y prevé disposiciones transitorias para la implementación progresiva de dichas medidas, así como la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de interés social.
Se reformaron los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y adición de un párrafo cuarto al artículo 134, de la Constitución Política.
Además, contiene adecuaciones en materia de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los órganos legislativos estatales y en el ejercicio del poder público al nivel municipal.
Se establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución.
No podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
En el régimen transitoria indica que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente Decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026.
Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente decreto.