La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció el inicio de una transformación profunda del modelo penitenciario de la capital, orientada a erradicar la reincidencia, garantizar la reinserción social y dignificar las condiciones de los centros de reclusión.
Al presentar el informe de seguridad del mes de septiembre, Brugada Molina puntualizó que tan solo para este año su administración ha destinado una inversión de 200 millones de pesos enfocada en la mejora de servicios básicos, teniendo como prioridad el inicio de los trabajos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
La mandataria capitalina detalló que este nuevo modelo penitenciario operará bajo tres ejes fundamentales: la transformación física de los espacios; la intervención integral durante el cumplimiento de las condenas para lograr un verdadero cambio de vida; y el acompañamiento postpenitenciario para evitar que las personas liberadas reincidan por falta de oportunidades.
A la par de estas acciones, Clara Brugada adelantó que su administración construye un modelo integral de defensoría para apoyar a quienes no contaron con recursos para una defensa adecuada, el cual estará acompañado de una iniciativa de Ley de Amnistía, que será presentada próximamente ante el Congreso local.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, reiteró la apertura del Gobierno de la Ciudad al escrutinio de organismos y asociaciones civiles, pero fue tajante al desmentir los recientes señalamientos sobre el hecho de que hay autogobiernos en los penales.
De manera categórica, negó que en la Ciudad de México exista algún centro penitenciario o de reclusión con autogobierno, calificando dicha conclusión como errónea.
En ese sentido, Vázquez Camacho informó que la SSC solicitó formalmente una reunión con la Comisión de Derechos Humanos para aclarar los criterios metodológicos de su reciente informe, el cual reflejó un descenso nacional en las calificaciones del sistema penitenciario basado en parámetros que no han sido difundidos con claridad. El objetivo, señaló, es contrastar datos objetivos para orientar con precisión las áreas de mejora.
Enseguida, el titular de la SSC desmintió que exista un hacinamiento del 130 por ciento en el sistema. Explicó que la capacidad general es suficiente, pero reconoció que hay zonas específicas con sobrepoblación derivado de las obligaciones del sistema penal acusatorio, el cual exige separar a la población en prisión preventiva del resto de los internos.
Esta normativa choca con una infraestructura que, en los casos de los Reclusorios Norte, Sur, Oriente y la Penitenciaría, tiene entre 50 y 70 años de antigüedad.
