Anteproyecto de Presupuesto 2027 de la Suprema Corte privilegia austeridad responsable con eficiencia institucional

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  • El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SCJN para 2027 es de  6,104.5 mdp, lo que incluye un crecimiento equivalente al 12.7 %. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción X, de la Ley  Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el pasado 6 de agosto el Pleno  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó su Anteproyecto  de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027, el cual ya fue  remitido al Órgano de Administración Judicial (OAJ).  

La elaboración de este Anteproyecto responde a una política de  administración responsable de los recursos públicos, basada en criterios de  austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia. Para la Suprema Corte,  esta política debe ejercerse con equilibrio, lo que implica revisar, ajustar y  contener el gasto, pero también garantizar que la institución cuente con las  condiciones necesarias para operar con eficiencia y cumplir con su mandato  constitucional.  

Durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, la SCJN enfrentó reducciones  relevantes respecto de los recursos originalmente solicitados. En 2025, la  reducción fue de 12 %, equivalente a 714.4 millones de pesos; mientras que  en 2026 fue de 11.2 %, por 661 millones de pesos. 

Por ello, entre las principales medidas adoptadas durante 2026 destacan la  eliminación de diversas prestaciones y apoyos para ministras, ministros y  mandos superiores, entre ellas, la eliminación de gastos de teléfonos móviles y la reducción de gastos de gasolina, así como la cancelación del ajuste  salarial para todo el personal; la reducción de 83 plazas en áreas  administrativas, equivalente a 10 % de la plantilla de dichas áreas; y la  cancelación de recursos destinados a becas al personal.

En este contexto, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SCJN para  2027 es de 6,104.5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento  equivalente a 12.7 % en términos reales, considerando el impacto de la  inflación. 

De este incremento, 8 de cada 10 pesos solicitados serán destinados a cubrir los sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales  de Trabajo vigentes, al tiempo que se cumple con lo dispuesto en el artículo  22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y se garantiza el respeto a los  derechos laborales de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte,  conforme al artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional en  materia del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el  15 de septiembre de 2024. 

Las remuneraciones previstas fueron determinadas en estricto cumplimiento  de los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, por lo que ninguna remuneración excede la establecida para la  persona titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de  Egresos de la Federación correspondiente. 

Además, la asignación permitirá fortalecer acciones preventivas de  mantenimiento, evitar el deterioro de las instalaciones y reducir, en el  mediano y largo plazos, los costos asociados a los ámbitos jurisdiccional y de  infraestructura.  

El Anteproyecto permitirá dar continuidad a la instrumentación de proyectos  de innovación y mejora institucional, mismas que se propone retomar  gradualmente en 2027. Entre ellas, se prevé la renovación del equipo  tecnológico de Plural TV, que tiene más de 20 años de antigüedad. 

Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte aprobó, por mayoría de seis  votos, incluir una previsión presupuestaria para la contratación de un Seguro  de Gastos Médicos Mayores en favor de todo el personal de la institución, con  excepción de las ministras y los ministros. Esta previsión estaría sujeta a la  disponibilidad presupuestal en caso de aprobarse por la Cámara de  Diputados. 

Con este Anteproyecto, la Suprema Corte refrenda una política de austeridad  con sentido. Una administración responsable de los recursos públicos,  compatible con la eficiencia institucional, el respeto a los derechos laborales  y el cumplimiento de su mandato constitucional en beneficio del pueblo de  México.