- El académico del ICSHu advirtió que la reducción en los plazos de publicación no representa una mejora real frente a la legislación ya existente
- Señaló que la normativa presenta redundancias, debilita los mecanismos de control institucionales y no resuelve los problemas de fondo
Pachuca de Soto, Hidalgo.- La solicitud de acceso a la información pública disminuyó 22 % tras la reciente reforma, lo que refleja una preocupante tendencia hacia la opacidad. En este contexto, Alfredo René Uribe Manríquez, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), analizó el mandato orientado a fortalecer la rendición de cuentas en el Gobierno Federal.
El académico señaló que el documento, en vigor desde el pasado 5 de agosto, no presenta diferencias sustanciales respecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, salvo en dos aspectos principales: la reducción del plazo para publicar datos, que pasó de tres meses a uno, y la focalización de las disposiciones en el sector energético, particularmente en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) advirtió que la normativa evidencia incumplimientos en materia de escrutinio público y subrayó la necesidad de que las autoridades actúen con mayor rigor. Asimismo, señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejó estas funciones en manos de órganos estatales, situación que, a su consideración, debilita la autonomía institucional y los sistemas de vigilancia.
Entre los beneficios potenciales de la disposición, Uribe Manríquez destacó la obligación de visibilizar archivos relevantes del sector energético, como los estados financieros y los programas de fiscalización, sin embargo, también identificó diversas desventajas, entre ellas la redundancia jurídica, una menor exigencia para las entidades federativas y la falta de soluciones a problemas fundamentales, como la reserva de expedientes y la independencia de los entes encargados de garantizar este derecho.
En cuanto a su impacto social, explicó que la medida busca ofrecer documentación oficial de manera más oportuna, especialmente aquella relacionada con contratos y recursos estratégicos. No obstante, consideró que la reforma generó duplicidad de funciones y tuvo principalmente un efecto mediático, sin atender de fondo los retos que enfrenta el acceso público en el país.
Finalmente, sostuvo que la apertura gubernamental ha enfrentado mayores obstáculos y que el nuevo panorama institucional se ha vuelto más complejo, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos de revisión y garantizar condiciones que permitan a la sociedad ejercer plenamente su derecho a saber.
