Javier Divany Bárcenas
Los diputados del PRI Jericó Abramo Masso, Emilio Suárez Licona y Christian Castro Bello, anunciaron el voto en contra de la bancada a la reforma a la Ley de Aduanas, la cual calificaron como una medida criminal que perpetúa la corrupción en las fronteras mexicanas, lejos de modernizar el sistema, impone cargas desproporcionadas y entorpece el comercio internacional.
Al participar en la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Abramo Masso denunció el esquema actual, que ha permitido la importación ilegal de gasolina disfrazada como aceites o derivados del petróleo, evadiendo impuestos mediante un mecanismo conocido como huachicol fiscal.
Este fraude, dijo, ha costado al país más de 600 mil millones de pesos en los últimos siete años.
Advirtió que la reforma no combate la corrupción, sino que la encubre. “Se pretende cargar toda la responsabilidad al agente aduanal, mientras se exime a los funcionarios públicos, quienes son parte central del esquema de corrupción que afecta la entrada y salida de vehículos, combustibles, medicinas y alimentos por nuestras fronteras”.
Además, subrayó que las aduanas mexicanas han sido históricamente vulnerables a la corrupción, pero bajo el gobierno de Morena, esta se ha exacerbado a niveles irrisorios.
Reconoció que, con este dictamen, se está yendo en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Aduanas que pide agilizar el despacho de mercancías, confianza en el contribuyente y simplicidad y transparencia de los trámites aduanales para dar más eficiencia al trámite de exportación y exportaciones de cualquier nación a la que esté suscrita.
Por su parte, Emilio Suárez Licona habló de la necesidad de agilizar el comercio internacional, combatir la evasión fiscal y mejorar la seguridad en las aduanas, pues asegura que este dictamen no resuelve esos problemas y sí hace más complejo el ejercicio del comercio.
Advirtió que esta reforma concentra más poder en Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas y la Agencia de Transformación Digital, sin garantizar resultados efectivos.
Además, endurece la regulación sobre agentes aduanales, imponiéndoles obligaciones patrimoniales y fiscales propias de servidores públicos, lo que vulnera su autonomía y genera inseguridad jurídica.
Entre los puntos más críticos, destaca el aumento de multas hasta en 300 por ciento del valor de la mercancía, violando el principio de proporcionalidad y afectando directamente la logística y los precios de los bienes.
El diputado Christian Castro Bello señaló que esta iniciativa mantiene el control militar sobre las aduanas, sin marco legal y sin auditorías independientes ni mecanismos de transparencia en la actuación de la Agencia Nacional de Aduanas ni de las Fuerzas Armadas.
Esta opacidad, dijo, vulnera principios fundamentales de legalidad y de rendición de cuentas y lo más grave, “esta Reforma se presenta como modernización, pero en realidad responde a una lógica recaudatoria”.
El PRI propuso una alternativa: una Ley Aduanera moderna, eficiente y transparente, que reduzca la corrupción y fortalezca la competitividad del país, siguiendo modelos exitosos de Europa.
