- Karla Toledo, Claudia Anaya y Carolina Viggiano advierten que la reforma podría excluir a millones de mexicanos sin acceso a internet o servicios bancarios y afectar a pequeños negocios
- Alertan sobre contradicciones con la Ley Monetaria, falta de reglas claras y costos adicionales por terminales bancarias y comisiones
Las senadoras del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano Austria, Karla Toledo Zamora y Claudia Anaya Mota, advirtieron que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos podría incrementar los ingresos de las instituciones bancarias por concepto de comisiones y generar costos adicionales para los comercios y consumidores. Señalaron que la propuesta ampliaría la obligación de utilizar medios electrónicos sin condiciones equitativas para los usuarios.
Las legisladoras señalaron que los bancos cobran comisiones a los establecimientos por aceptar pagos con tarjeta. Estos cargos varían según el giro comercial, las condiciones contractuales y el tipo de tarjeta. Los cobros representan un costo operativo para los negocios y pueden repercutir en los precios que pagan los consumidores.
Carolina Viggiano cuestionó que la reforma otorgue a la Secretaría de Hacienda facultades para determinar los sectores donde el efectivo dejaría de ser una opción de pago, sin criterios claros, límites ni excepciones suficientes. “Modernizar no es que puedas escoger cómo pagar; controlar es que Hacienda escoja por ti”, advirtió.
Karla Toledo alertó sobre el impacto de las comisiones bancarias en los negocios. Explicó que los cargos por aceptar pagos con tarjeta pueden representar entre el 3% y el 4% de cada venta en gasolineras, y entre el 2% y el 3% en tiendas de autoservicio. Estos porcentajes requieren verificación con la fuente correspondiente antes de su publicación.
Claudia Anaya advirtió que la iniciativa carece de garantías suficientes para proteger a los usuarios y evitar nuevas cargas derivadas de la obligatoriedad de los pagos digitales. También señaló que millones de personas enfrentan dificultades de acceso a internet o a servicios bancarios. Por ello, alertó que una restricción al uso del efectivo podría profundizar la exclusión financiera.
El PRI respalda la innovación tecnológica y la inclusión financiera, pero rechaza que la modernización limite las opciones de pago o imponga nuevas cargas a los consumidores y pequeños negocios. Por ello, las senadoras anunciaron su voto en contra del dictamen y presentaron reservas para establecer límites y excepciones en protección de los usuarios.